Documento consensuado para leer en el acto de Plaza de Mayo
Compañeros
y compañeras:
Marchamos hoy para decir ¡Basta a la
criminalización de la protesta social!
Estamos presentes en nuestra histórica Plaza de Mayo para exigir la
inmediata libertad de los presos por luchar, el desprocesamiento, cierre
de las causas y anulación de las
condenas de los luchadores y el fin de las patotas sindicales y paraestatales.
Una vez
más, con dolor y con bronca, tenemos
que denunciar también en la Plaza,
un nuevo asesinato de un luchador popular. Hace apenas unos
días, el 16 de noviembre, fue
muerto en Santiago del Estero, el compañero
Cristian Ferreira, por las
patotas de los terratenientes que asolan al movimiento campesino. Así, en el último año, son ya
15 nombres de hombres y mujeres de nuestro pueblo, los que
engrosan la lista de asesinados,
por las fuerzas represivas y las
patotas, en ocasión de ejercer su
legítimo derecho al reclamo. Hoy, 23 de
noviembre, se cumple un año
del asesinato de los hermanos
de los pueblos originarios de Formosa.
Los
últimos años estuvieron poblados de manifestaciones, huelgas, cortes de calle y
de rutas, ocupaciones de fábricas y de tierra, acampes, piquetes, las más
diversas formas de movilización en defensa de los derechos obreros y populares.
Ante estas demandas, el gobierno de Cristina
Kirchner -que se autoproclama defensor de los derechos humanos y dice que no
criminaliza la protesta social-, ha avanzado crecientemente en la respuesta
represiva, persigue judicialmente, con el código penal en la mano - como dijo
Aníbal Fernández- a todos
los que luchan, y organiza patotas paraestatales o es cómplice directo
de las patotas de la burocracia sindical.
Denunciamos que hoy están presos Carlos Olivera.
directivo de SITRAIC, el delegado
petrolero de Santa Cruz Víctor Oñate, los compañeros sin techo de Jujuy Mario Tapia y Aldo Claros,
y la militante politica e hija de desaparecidos Karina Germano. Para todos
ellos exigimos su inmediata libertad.
Hace pocas semanas fue detenido brutalmente e
incomunicado durante varios días el
dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero junto a otros trabajadores. La inmediata movilización
popular conquistó su liberación y, recientemente, el dictamen de “falta de méritos”,
en la causa montada contra él. Esta
causa es parte de una persecución política contra
el cuerpo de
delegados del Sarmiento.
Simultáneamente
a estos hechos se produjo el ataque de las bandas de la UTA y la patronal al
cuerpo de delegados de la línea 60, que incluyó el ataque a los compañeros
delegados Farella y Nestor Marcolin que fue respondida por la acción de los
trabajadores expulsando las patotas. Estos
sucesos fueron los desencadenantes de una inmensa movilización a esta Plaza , con la que
lanzamos esta campaña contra la criminalización de la protesta.
Hoy ,
en esta marcha, como lo hemos hecho con Carlos Fuentealba y con Lázaro
Duarte, exigimos justicia por los chicos de Bariloche Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas,
por Mariano Ferreyra, por Roberto López
y Mario López de Formosa, por Mártires López de Chaco, por Bernardo Salgueiro,
Rosemary Chura Puña y Emilio Canavari del Indoamericano, por Ariel Farfán,
Felix Reyes, Juan Velázquez y Alejandro Farfán de Jujuy, por cristian Ferreira
de Sgo del Estero .
Denunciamos también en esta plaza que la
desaparición forzada de personas sigue siendo una herramienta del aparato
represivo del estado, que con la acción u omisión de los gobiernos nacional y
provinciales, permite la desaparición del compañero Julio López en el 2006, de
Luciano Arruga en el 2009, y de Luciano González en Corcovado, Chubut en 2009;
con la consiguiente impunidad de los responsables políticos y materiales.
La represión directa, en muchos casos con balas,
palazos y brutales golpizas por las policía Federal y las policías locales, por
gendarmería y prefectura, se ha desplegado sobre los docentes salteños y santacruceños, sobre los trabajadores del
Casino, del Subte, de Kraft-Terrabusi, Mafissa, Pagoda, Dana, Petroleros,
ferroviarios, vendedores ambulantes, luchadores por tierra y vivienda y tantos
otros, y sobre numerosas manifestaciones estudiantiles y populares.
En la ciudad de Buenos Aires denunciamos la acción complementaria de la policía Federal
y la Metropolitana de Macri, que contiene entre sus principales cuadros a
funcionarios policiales de la época dictatorial.
Al mismo tiempo, para contener la lucha de los
trabajadores ocupados y desocupados por trabajo, contra los despidos, por salarios
o condiciones dignas de trabajo, y de todos los sectores populares movilizados
en defensa de sus reivindicaciones, en estos años se ha llegado a procesar a
más de 5000 delegados sindicales, trabajadores y luchadores populares.
Prácticamente no hay comisión interna o cuerpo
de delegados combativos e independientes
de la burocracia sindical que no tenga o haya tenido procesados entre sus
miembros.
Ejemplo de ello son los ferroviarios del Sarmiento,
del Roca y del Mitre, opositores a la mafia de Pedraza; los delegados de la línea
60, los compañeros de la comisión
interna y los dirigentes de la lucha de Kraft-Terrabusi Hermosilla,
Bogado, María Rosario y Lorena Gentile, así como dirigentes políticos
como Vilma Ripoll y Néstor Pitrola que se solidarizaron con su lucha del 2009.
En este caso, se instaló una modalidad represiva que
es el abrir
causas a dirigentes políticos por
presencia solidaria, e incluir en todos
los procesos los informes de los agentes infiltrados de la gendarmería.
También están procesados los delegados
del Teatro Colón, los dirigentes de la
histórica lucha del Hospital Garrahan, el
dirigente portuario Pancho Montiel, trabajadores de Call Center, del Subte, de
ATE de Las Heras, de Editorial Colihue, de Fasinpat (Zanón), de FATE, Hospital
Francés, y numerosos dirigentes del movimiento de desocupados, líderes
estudiantiles y ambientalistas, luchadores que han encabezado o acompañado el
movimiento por tierra y vivienda como en el caso del Indoamericano, miembros de
los pueblos originarios que defienden su derecho a las tierras ancestrales.
Sobre todos ellos pesan decenas de causas, algunas de ellas muy graves, como el
reciente procesamiento de los dirigentes
Eduardo Delmonte y de Carlos Ghioldi, acusados de asesinato en riña en la
ciudad de Rosario en ocasión de haber llevado su solidaridad a los Trabajadores
de Atilra quienes estaban siendo brutalmente atacados por una patota de la
burocracia y cuyos dirigentes también se encuentran procesados.
El gobierno de Macri también impulsa la
política de criminalización de la protesta. Durante este año aprobó el decreto
330 para regimentar los centros de estudiantes de la Capital Federal. Denunciamos también el nuevo proyecto
complementario de la ley antiterrorista enviado por el poder ejecutivo al
congreso en el mes de octubre de este año.
Estar procesado es en sí mismo una amenaza,
una intimidación y un castigo, un verdadero intento de mordaza a la lucha
social. Los compañeros son víctimas de órdenes de captura arbitrarias; siendo en
su mayoría de condición humilde, ven embargados sus sueldos y sus viviendas; y
son víctimas de una persecución policial y judicial sistemática. Más grave aún es la situación de los
compañeros condenados, cuya libertad actual pende de un hilo.
Las represalias judiciales son complementarias
con otra metodología: la de la “tercerización de la represión” a manos de patotas
organizadas por la burocracia sindical y paraestatales. Así están los Favale,
reclutados para emboscar a los tercerizados del ferrocarril Roca en el ataque
que costó la vida a Mariano Ferreyra; son los atentados de las bandas de la UTA
y de la patronal contra los delegados de
los chóferes de la 60. También fue la UTA la que agredió a los compañeros del
Subte y a los choferes de larga distancia agrupados en la UCRA, oportunidad en
la que atentaron contra la sede de la CTA Capital.
Las patotas son las autoras de las amenazas y
agresiones que sufren los obreros de la construcción agrupados en el Sitraic
por parte de los matones de Gerardo Martínez, el buchón de los genocidas que
llegó a la secretaría general de la UOCRA a través del Batallón de Inteligencia
601 durante la dictadura.
Fue una
patota de la UOCRA, al servicio del gobernador Peralta, la responsable de los
ataques a los docentes y estatales de Santa Cruz. Los trabajadores del INDEC vienen sufriendo desde hace años las
patotas de Moreno y UPCN.
El objetivo del Gobierno
con la criminalización de la protesta, al igual que con la amenaza de quitar la
personería de los técnicos aeronáuticos y la militarización de los
controladores aéreos, junto con la negativa a otorgar personería gremial a sindicatos independientes y combativos, es disciplinar y regimentar al movimiento
obrero y popular para descargar sobre los trabajadores y el pueblo la crisis en
curso. Mientras tanto continua la fuga
de capitales de los grandes monopolios , el pago de la deuda externa ilegítima
y fraudulenta, el saqueo de nuestros recursos naturales y la depredación
ambiental.
Ya hay un tarifazo en
marcha, anuncian una política de topes salariales por debajo de la inflación- como
se ve en la no homologación por parte del Ministerio
de Trabajo del aumento del 35% a los trabajadores rurales-, y la reducción del
gasto público y social, un impuesto inflacionario que golpea el bolsillo de los
trabajadores y jubilados y el inicio de suspensiones en varias fábricas.
No queremos despidos, ni suspensiones, ni
tarifazos, ni ajustes, ni cepos salariales; no queremos la impunidad de los
burócratas sindicales: exigimos el cese de las persecuciones y atropellos
contra los luchadores y el juicio y castigo efectivo a los Pedraza, los Gerardo
Martínez, y a todos los responsables políticos y materiales de los asesinatos y
ataques contra los trabajadores y luchadores populares.
Compañeros
y compañeras:
El gobierno ha redoblado su política de
criminalización de la protesta, en el intento de frenar las luchas que recorren
hoy la Argentina, pero sobre todo las luchas que se avecinan para que la crisis
no la paguemos los trabajadores y el pueblo.
Decenas de organizaciones, dirigentes
sindicales, cuerpos de delegados, comisiones internas, organismos de derechos
humanos y partidos políticos respondemos
con el lanzamiento de esta
campaña nacional contra la criminalización de la protesta.
Esta marcha de repudio a la
política represiva contra los luchadores obreros y populares, y el petitorio que estamos
impulsando para que miles y miles se pronuncien, son parte de esta decisión de movilizarnos.
Reafirmamos en esta Plaza que ante cada ataque
represivo al legítimo derecho a luchar y a reclamar de nuestro pueblo,
responderemos con más lucha, más organización, más solidaridad y más unidad.
No a la
criminalización de la protesta social!!!
Exigimos
al gobierno:
- Libertad a Olivera, Oñate, Tapia, Claros, Germano y todos los presos por luchar.
- Desprocesamiento, cierre de las causas y anulación de las condenas de los 5000 luchadores obreros y populares.
- Basta de patotas sindicales y paraestatales contra los que luchan.
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