DECLARACIÓN A 18 AÑOS DE LA MASACRE DE LA AMIA
CONFERENCIA DE PRENSA
Buenos Aires, 17 de julio de 2012.-
Buenos Aires, 17 de julio de 2012.-
Al cumplirse 18 años del atentado a la AMIA, la Agrupación por el
Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) junto a las
organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos que forman el
Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ), tiene el agrado de invitar a Ud. a
la CONFERENCIA DE PRENSA que se realizará el próximo MIÉRCOLES 18 DE JULIO
DE 2012, a las 18 HS. en el HOTEL BAUEN, Av. Callao 360, CABA.
Hace 9 años, el gobierno de Kirchner debutó con promesas de superar una herencia
del menemismo: la vergüenza nacional que significaba la impunidad de los
asesinos de la AMIA y la incapacidad del Poder Judicial para resolver este
crimen político.
Aún cuando en 2005 reconoció por decreto que el Estado argentino fue el
encubridor agravado del crimen, todavía no hay ningún detenido o investigado por
la responsabilidad criminal o por el encubrimiento de la masacre impune de la
AMIA.
Durante esta conferencia de prensa, presentaremos un documento explicando por
qué consideramos ya fracasadas las políticas del gobierno, avaladas por las
direcciones de AMIA y DAIA, y qué medidas impulsamos para llevar adelante una
investigación seria de este crimen político y superar la impunidad y el
encubrimiento.
A 18 años de la masacre de la AMIA, la impunidad para sus autores y
encubridores resulta incuestionable.
Buena parte de este tiempo (9 años!) se lo llevó el gobierno de los
Kirchner, que debutó con promesas de superar la impunidad heredada del
menemismo y terminó por amplificarla.
Hace ya siete años que el gobierno Kirchner reconoció oficialmente (Decreto 812/2005)
que el Estado fue el encubridor agravado de este atentado terrorista. Pero
desde entonces nada se hizo, absolutamente nada, para perseguir y juzgar a los
responsables materiales, a sus cómplices y encubridores locales.
No hay ni un solo detenido, ni un solo investigado por la responsabilidad
criminal o por su encubrimiento.
Y lo que se anunció como un cambio de rumbo en la política oficial para
diferenciarse del menemismo, un cambio para terminar con la impunidad y “la
vergüenza nacional” de un Poder Judicial y una investigación incapaz de
superarla, se convirtió en una nueva frustración, en un reforzamiento de la
impunidad vigente, y en una nueva manipulación de alcance internacional.
Si para muestra basta un botón, al juez Galeano lo reemplazó Araoz de Lamadrid.
Presentado como un juez “probo”, terminó acusado de intento de coima de la
Cámara de Casación a favor de Pedraza, el responsable por el asesinato de
Mariano Ferreyra.
Su caso no es aislado. El gobierno pretendió usar la causa AMIA con la
intención de superar la imagen corrupta del Poder Judicial y la venalidad de
los jueces federales, por la vía de una depuración que le permitiera poner a
sus propios jueces “independientes”.
Después de siete años de un concurso largo y escandaloso, el gobierno nacional,
con el apoyo de Macri y la complicidad de la UCR pretende nombrar nuevos
jueces, alguno de ellos sin mejor antecedente que el de ser miembro del
Servicio de Inteligencia, organismo responsable en, al menos, el encubrimiento
de la masacre de AMIA.
Después de tanto esfuerzo “institucionalizador”, han agotado hasta las
ilusiones de superar la impunidad reinante por la vía de la reforma judicial a
través de un recambio por jueces probos.
Las muy gastadas promesas oficiales de futuros juicios aún sin fecha o
supuestas nuevas investigaciones, no pueden ocultar los hechos. En la causa
AMIA, los pocos sospechados son o fueron parte de los tres poderes del Estado,
de sus servicios de Inteligencia y fuerzas militares y de seguridad.
En estas condiciones, y después de 13 años de sustanciar burocráticamente una
causa por “mal desempeño” o “encubrimiento” de los funcionarios, ni la
presidenta Kirchner ni el juez Lijo ordenan que se abran y entreguen los
archivos secretos que el Estado mantiene cerrados incluso ante las partes.
Hacerlo permitiría poner al descubierto no sólo el papel que jugó el Estado
argentino en el encubrimiento que reconoció, sino también en la comisión del atentado
mismo.
Así las cosas, los prometidos futuros juicios serán un nuevo instrumento de manipulación
política por parte del gobierno, y no aportarán nada al castigo de los
responsables del atentado a la AMIA y de su encubrimiento.
Por este camino, el gobierno nos conduce a nuevos fracasos: ni se esclarece el
atentado ni se superará la impunidad.
Una de las cartas más audaces que se jugó el gobierno también llega a su fin.
Es que aún antes de firmar su reconocido papel de encubridor del atentado, el
Estado puso la investigación del ataque como eje de la política exterior
del país al servicio de los intereses de Estados Unidos, Europa e Israel,
sumando una excusa a la lucha contra el llamado terrorismo internacional y un
instrumento de provocación bélica contra Irán.
Pero al día de hoy, cuando las grandes potencias buscan llegar a un acuerdo con
Irán para superar las crisis políticas, financieras y sus aventuras militares
en Medio Oriente, la acusación política del Estado argentino contra Irán
termina en un nuevo fracaso.
Ya no sirve ni para impulsar un ataque contra Irán, ni para esclarecer el
crimen de la AMIA, ni para proteger al Estado argentino de toda la evidencia
que lo incrimina como verdadera ‘conexión local’ del atentado.
El gobierno nacional cedió ante la presión internacional y, con la excusa de
prevenir futuros atentados como el de AMIA, sancionó las llamadas leyes
anti-terroristas con el único propósito de perseguir y reprimir a las
organizaciones y luchas populares, como ya se reveló durante las masivas
manifestaciones y puebladas contra la megaminería.
Para sostener estos resultados, el Estado argentino cuenta con la colaboración
militante de la dirección judía local, empeñada en vaciar de todo contenido
político y hasta judicial este nuevo aniversario. Este es el resultado de años
de privilegiar las relaciones carnales con el gobierno nacional y con el de
Macri por sobre cualquier exigencia de juicio y castigo a los culpables. Las
direcciones de AMIA/DAIA no confrontan con ninguno de los dos, y actúan como un
sostén indispensable para proteger al Estado de sus reconocidas
responsabilidades criminales.
En esta oportunidad convocan a un acto con reminiscencias místicas, y
expresamente opuesto a cualquier reclamo o denuncia política o jurídica, contra
la impunidad y el encubrimiento del Estado Nacional y sus socios
internacionales. Parecen empeñados en confundir y desmoralizar.
Al cumplirse el 18º aniversario del atentado, denunciamos al gobierno nacional,
al gobierno de Macri y a las direcciones de AMIA y DAIA por los 18 años de
impunidad y encubrimiento en la masacre impune de la AMIA.
Repudiamos los intentos del gobierno nacional por archivar y dejar en el limbo
este crimen del terrorismo de Estado en la AMIA y nos pronunciamos por la apertura
inmediata de los archivos secretos y su entrega a una Comisión Investigadora
Independiente del Estado, para impulsar el esclarecimiento de este ataque
impune y el juicio y castigo a todos los culpables.
EL
ESTADO ARGENTINO ES EL RESPONSABLE DE LA MASACRE DE LA AMIA!
QUE ABRAN LOS ARCHIVOS SECRETOS Y LOS ENTREGUEN A UNA COMISIÓN INVESTIGADORA INDEPENDIENTE!
JUICIO Y CASTIGO PARA TODOS LOS CULPABLES!
DEROGACION DE LAS LEYES ANTI TERRORISTAS!
Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA)
Asociación de Ex –Detenidos Desaparecidos (AEDD)
Asociación de Profesionales en Lucha (APEL)
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH)
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP)
Liberpueblo, Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo
Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad
Herman Schiller
QUE ABRAN LOS ARCHIVOS SECRETOS Y LOS ENTREGUEN A UNA COMISIÓN INVESTIGADORA INDEPENDIENTE!
JUICIO Y CASTIGO PARA TODOS LOS CULPABLES!
DEROGACION DE LAS LEYES ANTI TERRORISTAS!
Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA)
Asociación de Ex –Detenidos Desaparecidos (AEDD)
Asociación de Profesionales en Lucha (APEL)
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH)
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP)
Liberpueblo, Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo
Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad
Herman Schiller
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