BLOQUEEMOS
EL CONGRESO para IMPEDIR que SE VOTE la LEY ANTI-OBRERA DE CRISTINA
ABAJO las
ART
Para ver el material en youblisher:
La ley de riesgos de trabajo de
Cristina es una ley al servicio de la Unión Industrial Argentina (UIA), las
Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) y la burocracia sindical
Moyano y
Micheli
no impulsan el paro para
derrotar la ley del gobierno
El
Frente de Izquierda tiene que proponer su propio proyecto de ley e impulsar una
gran columna independiente de Moyano y Micheli el 24/10, integrada por las
comisiones internas, cuerpos de delegados y sindicatos combativos, planteando
la convocatoria a la HUELGA GENERAL y a un
plan de lucha por:
No a la ley de Cristina // Derogación de la ley menemista de las ART // Defendemos
el derecho de los trabajadores a abrirles causas a las empresas en la justicia laboral por los
accidentes de trabajo // Por comisiones
obreras de salubridad y seguridad laboral electas por los trabajadores,
bajo control de la asamblea, para
luchar contra la flexibilización y precarización laboral
Cristina presentó un proyecto de ley
de riesgos de trabajo. ¿Quiénes fueron los primeros en aplaudir dicho proyecto
de ley?
1. La Unión Industrial Argentina (UIA): “Luego de una semana
polémica por la tensa discusión que se dio en Diputados, con pelea entre Hugo
Moyano y Héctor Recalde incluida, la Unión Industrial Argentina ratificó su
apoyo al proyecto enviado por el Ejecutivo. Por eso, Funes de Rioja
(vice-presidente de la UIA) aseguró que mantendrán contactos con legisladores
de la oposición para explicarles los beneficios de la nueva norma, que, afirmó,
‘termina con la industria del juicio’” (Infobae, 21/10).
2. La Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo: “La gerente
general de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, Mara
Bettiol, celebró el proyecto modificatorio que rige la actividad, al señalar
que se trata de ‘un paso importante’ para resolver uno de los ‘focos de
litigiosidad’ existentes” (Télam, 20/9).
3. El sector de la burocracia sindical
enrolado en la CGT-Alsina: “El consejo directivo de la Confederación General de
Trabajo (CGT), que conduce el metalúrgico Antonio Caló, apoyó este miércoles el
proyecto de ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) que se discute en
el Parlamento nacional” (Télam, 7/10).
O sea, la ley de Cristina es la ley de la UIA, las
Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, y la burocracia sindical de los gordos.
ELIMINAR LA DOBLE VÍA
SIGNIFICA DEFENDER LAS GANANCIAS DE LOS CAPITALISTAS Y REFORZAR LA
SUPEREXPLOTACIÓN LABORAL
¿Por qué la UIA, las ART y la burocracia
kirchnerista apoyan el proyecto de Cristina?
“El principal cambio que introduce el
proyecto anunciado ayer por Cristina a la ley de Riesgos del Trabajo es el que establece
lo que se conoce como la ‘opción excluyente’ u ‘opción con renuncia’: el
trabajador damnificado o sus familiares deberán elegir entre cobrar la
indemnización de la ART o reclamar una reparación integral mayor en un juicio
civil (…) El proyecto deroga así la llamada ‘doble vía’: la posibilidad actual
de cobrar la indemnización tarifada de la ART y si el trabajador o los
familiares la consideran insuficiente pueden reclamar un resarcimiento mayor en
la justicia laboral (…) Otro cambio no menor es que se transfiere el reclamo
judicial de un conflicto del trabajo del fuero laboral al fuero civil, que
tiene resarcimientos inferiores y tiempos más largos de resolución” (Clarín,
20/9).
O sea que Cristina obliga a los trabajadores
y sus familias a elegir entre un monto pautado previamente, siempre menor a lo
que se consigue en los juicios en la justicia laboral, o a esperar años en la
justicia civil a que se resuelva el juicio contra la empresa. Claramente es una
extorsión, porque las familias no pueden estar años esperando a la
indemnización luego de haber sufrido un accidente laboral, sobre todo en
aquellos casos donde quien sufrió el accidente queda imposibilitado de seguir
trabajando.
De esta forma, Cristina defiende los
bolsillos de los capitalistas y su capacidad para seguir superexplotando a los
trabajadores. Justamente, en la medida en que los capitalistas tengan un costo
bajo a la hora de resarcir a los trabajadores por los accidentes, van a tener
más margen para imponer condiciones flexibilizadas y precarizadas de trabajo.
LA LEY DE CRISTINA ARMA UN
GRAN NEGOCIADO ENTRE LAS ART Y LA BUROCRACIA SINDICAL
A su vez, la ley anti-obrera de Cristina
establece la creación de las ART-Mutuas: “el Gobierno decidió darle un mayor
impulso a la asociación entre los sindicatos y las cámaras empresarias
reglamentando aspectos claves de las ART-Mutuas. La firma del decreto habría
sido un elemento que facilitó el apoyo de los sindicatos de la CGT oficialista
al proyecto de ley que cambia en forma sustancial la ley de riesgos laborales.
La Presidenta adelantó el miércoles que actividades como las del sector
metalúrgico y de la construcción ‘tienen muy adelantada la constitución de
estas ART mutuas’. En el sector se comenta que los empresarios metalúrgicos‚
agrupados en ADIMRA‚ y los sindicatos UOM y ASIMRA (agrupa a supervisores)
serían los primeros en salir al ruedo. Un punto llamativo del decreto es el que
especifica que las ART-Mutuas deberán ‘utilizar, de manera prioritaria y
siempre que sea técnicamente posible, los servicios de obras sociales y
efectores públicos de salud’ para proveer las prestaciones a los trabajadores
accidentados” (Clarín, 21/9).
Las ART-Mutuas, por lo tanto, significan la
asociación de la burocracia sindical con las ART, poniendo a las obras sociales
al servicio de las aseguradoras. Se trata de una completa expropiación a los
trabajadores, porque la burocracia está usando las obras sociales de los
sindicatos para armar un negociado con aseguradoras que defienden los intereses
de la patronal contra los obreros que sufren accidentes de trabajo producto de
la superexplotación laboral.
CON LA LEY DE CRISTINA, LOS TRABAJADORES ESTATALES NO PUEDEN
INICIARLE UNA CAUSA A SU PATRÓN POR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
Por otra parte, la ley de Cristina busca
eximir al Estado de la responsabilidad por los accidentes que sufren los
propios trabajadores estatales: “Uno de los puntos más controvertido es, tal
como adelantó Clarín, el que limita la responsabilidad del Estado y los
funcionarios al ámbito del derecho administrativo, excluyéndolos de la
responsabilidad civil frente a terceros. Esto significa que si un empleado
público sufriera un accidente de trabajo no podría reclamar en la Justicia el
resarcimiento pleno del daño, por encima de la tarifa que fija la ley de
Riesgos del Trabajo, como sí lo puede hacer un empleado del sector privado.
Ahora, el artículo 1.764 del proyecto oficial plantea la inaplicabilidad de
todas las disposiciones del título V del Código que se refieren a la
responsabilidad civil al Estado tanto de manera directa como subsidiaria. Y
esas conductas sólo serían juzgadas ‘en los limitados y estrechos ámbitos del
poder administrador’” (Clarín, 30/7). De esta forma, Cristina reproduce el
mismo planteo que había impuesto Menem en la ley que creó las ART, que eximía
de la responsabilidad por los accidentes a toda la patronal.
LAS BUROCRACIAS DE MICHELI Y
MOYANO NO IMPULSAN LA LUCHA PARA DERROTAR LA LEY ANTI-OBRERA DE CRISTINA
Frente a esta ley anti-obrera, Moyano y
Micheli convocaron a una movilización al Congreso para el 24/10. Sin embargo,
ninguno de ellos dos ha convocado al paro ni ha promovido asambleas en los
lugares de trabajo para masificar la lucha contra la ley de Cristina.
Inclusive, Micheli convoca a la marcha llamando a apoyar el proyecto de ley de
De Gennaro, que no solamente no tiene chances de ser aprobado sino que, sobre
todo, es un proyecto estatista, pro-capitalista y pro-burocracia sindical (ver
recuadro). Esto demuestra que su planteo de impulsar el paro nacional no se
ubica en función de desarrollar la lucha obrera por los reclamos de los
trabajadores sino como una prenda de negociación a la hora de armar las listas
electorales de la propia burocracia con los sojeros y distintos sectores de la
derecha y el FAP.
QUE EL
FRENTE DE IZQUIERDA ARME SU PROPIO PROYECTO DE LEY, E IMPULSE QUE LAS
COMISIONES INTERNAS Y CUERPOS DE DELEGADOS LUCHEN POR EL PARO GENERAL CONTRA LA
LEY DE CRISTINA Y POR COMISIONES OBRERAS DE SALUBRIDAD Y SEGURIDAD
En oposición a la burocracia, el Frente de Izquierda se
tiene que poner a la cabeza de una gran movilización política del clasismo y
los luchadores contra la ley de Cristina y por un planteo político propio
frente a la cuestión de los accidentes y riesgos de trabajo. En ese sentido,
hay que contraponerle a la ley de Cristina y a la ley de la burocracia, un
proyecto de ley que derogue la ley menemista, defienda el derecho de los
trabajadores a recurrir a la justicia laboral contra las empresas, y plantee la
formación de comisiones obreras de salubridad y seguridad electas por los
trabajadores y bajo control de las asambleas, que tengan la capacidad de parar
la fábrica contra todas las manifestaciones de precarización y flexibilidad que
son las causas de los accidentes de trabajo. Este proyecto de ley no tiene que
ser otra cosa que un instrumento de agitación política para que las comisiones
internas y los cuerpos de delegados fijen posición e intervengan luchando para
derrotar la ley de Cristina y con un planteo político independiente. Hay que convocar
asambleas en los lugares de trabajo y preparar con paros y medidas de lucha la
huelga general contra el gobierno de Cristina por todos los reclamos de los
trabajadores.
¿Qué
son las ART que defiende Cristina?
Las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART)
fueron creadas por la ley 24.557 de Menem, en 1995. Dicha ley crea un régimen a
partir del cual, mediante un aporte patronal, cada empresa es eximida de
afrontar las consecuencias de los accidentes laborales.
Antes de esta ley, la patronal era responsable
de todos los daños que los trabajadores sufriesen en su horario laboral o
durante el trayecto desde su lugar de trabajo y su domicilio, así como también,
todos los gastos producidos a partir de esos daños. Ahora, la empresa
aseguradora (ART) se responsabiliza de todas estas cuestiones. En esa línea,
según el art. 39 de la ley de Menem, se establece que "las prestaciones
que se disponen en la ley, eximen a los empleadores de la responsabilidad
civil, frente a sus trabajadores y a los derecho habientes de éstos". Este
artículo fue declarado inconstitucional en 2004, quedando habilitada la
posibilidad de iniciarle un juicio a la empresa en la justicia laboral además
de cobrar la miserable indemnización que establecen las ART. Se trató de una
conquista, dado que las ART no solamente establecen indemnizaciones bajas, sino
que además no cubren por lo menos la mitad de los casos de accidentes
laborales: “el 46 por ciento de las acciones judiciales se inician por
dolencias que no están listadas, básicamente hernias, lumbalgias y várices”
(Página 12, 4/10). Esta conquista es la que Cristina pretende arrebatarnos con
su nueva ley.
A su vez, la ley de Menem terminó con el
hecho de que antes no había límite para las indemnizaciones laborales. En este
momento, las aseguradoras fijan un monto para cada situación o accidente, y no
pueden ser nunca mayores a éste.
Todo este régimen de las ART tiene el
sentido de permitirle a la patronal imponer condiciones laborales de
superexplotación contra los trabajadores. En la medida en que indemnizar a los
trabajadores por los accidentes de trabajo sea más “barato” para la empresa que
garantizar condiciones de trabajo dignas, la patronal va a mantener un régimen
de precarización y flexibilización laboral. Por eso hay que acabar con el
régimen de las ART, defender el derecho de los trabajadores a iniciar causas en
la justicia laboral contra las empresas, e impulsar la organización obrera en
los lugares de trabajo para luchar contra la flexibilización y precarización
laboral, que son las verdaderas causas de los miles de accidentes de trabajo
que ocurren en Argentina todos los años.
El proyecto
de De Gennaro: contra el control obrero, a favor de la triple alianza entre los capitalistas, la burocracia y el Estado
Víctor De Gennaro, dirigente de la CTA
Micheli y diputado por Unidad Popular (que integra el
FAP), presentó un
proyecto que plantea la derogación de la menemista Ley 24.557 sobre
Riesgos de
Trabajo (L.R.T.) sancionada en septiembre de 1995 y su sustitución por una
reglamentación en materia de seguridad laboral. Busca canalizar la oposición
obrera a la ley
votada por los K que elimina la Doble Vía para satisfacer a la
UIA -que hasta fuera criticado
por el propio Verbitsky (ver nota). Y aunque no
tiene ninguna posibilidad de ser aprobado, por
la mayoría que los K aún
conservan en ambas cámaras, su interés reside en que implicaría la
eliminación
de las ART, el negociado capitalista con la salud de los trabajadores.
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Una iniciativa frente-populista de la CTA Micheli y el FAP
con apoyos de la UCR e inspirada en la burocracia de la CGT en tiempos de la
alianza de Moyano con los K
El
proyecto está avalado también por Eduardo Santín y Luis Sacca, de la UCR,
Claudia Parada, Liliana Parada, Nora Iturraspe y Antonio Riestra, de UP-FAP,
Jorge Cardelli y Pino Solanas de Proyecto Sur, Fabián Peralta del GEN-FAP,
Jorge Valinotto, del Frente Cívico-FAP, Ramona Pucheta del MIJD y Héctor
Piemonte, de la CC-ARI. En los“Fundamentos”, además, De Gennaro nombra como
parte de su inspiración un proyecto presentado por la CGT (cuando se encontraba
unificada y Moyano era kirchnerista) en 2004 en forma extraparlamentaria. Esto
lo caracteriza como una iniciativa frente-populista directamente vinculada al
lanzamiento electoral de la burocracia michelista en la Plaza de Mayo el 10 de
octubre, que apunta a desarrollar una alianza con la burocracia de Moyano
proponiendo un “kirchnerismo sin Cristina”.
De Gennaro sostiene que el Estado que hoy es cómplice de las
ART es el que va a inspeccionar la sanidad fabril y se opone al control obrero
En
el articulado impulsado por De Gennaro, la “Oficina Nacional de Seguridad y
Salud Laboral (ONSySL)”, órgano que clasifica las enfermedades laborales y fija
las políticas preventivas, está sometida a la “jurisdicción del Ministerio de
Trabajo”, es decir que no coloca en ningún momento la posibilidad de que
siquiera haya mecanismos de fiscalización obrera a esos organismos que deben
velar por la seguridad de los trabajadores. Esto aún cuando el Estado ya se ha
demostrado como responsable de la asfixia a los reclamos contra los
capitalistas.
De Gennaro quiere exportar el modelo de Binner con
participación de la burocracia sindical que ya fracasó en Santa Fe
Asimismo,
la “Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral”, otro órgano que plantea
este proyecto de ley, que sí tiene carácter tripartito, es de carácter sólo
asesor, y es un modelo también incapaz de defender la salubridad obrera, pues
en Santa Fe, donde se aplica este modelo, la participación de la burocracia
sindical (ni la de las CGT ni la de las CTA), puede solucionar la cuestión que
depende de la asamblea y la lucha.
“Delegados de prevención”: la propuesta de De Gennaro para
estatizar de la iniciativa obrera frente a los atropellos contra la vida por
parte de la patronal
A
nivel de cada empresa De Gennaro propone la formación de “Comités de Prevención
de Riesgos en el Trabajo”. Son órganos paritarios entre patronal y una figura
creada especialmente llamada “delegado de prevención”, quien es “elegido por el
voto directo y secreto de los trabajadores en el lugar de trabajo”. En estos
órganos, por empezar, los empresarios tienen derecho a veto. Los delegados
sindicales, a su vez, “participarán, con voz pero sin voto”. El proyecto de De
Gennaro, por lo tanto, es una variante para ahogar la deliberación colectiva,
paralelizar a los trabajadores que reclaman por los accidentes de trabajo, y
terminar reventando su organización independiente.
Como
se ve, en toda la línea de su proyecto no plantea de ninguna forma ni bajo
ningún matiz que haya comisiones de seguridad e higiene y está en total
oposición al control obrero.
Asimismo,
De Gennaro categoriza cierto tipo de situaciones vividas en las fábricas o
empresas como de “riesgo grave e inminente”. Según De Gennaro, bajo esta
situación, los “delegados de prevención” son los que pueden paralizar las
actividades en defensa de la salubridad obrera si consideran que sus compañeros
se hayan en esa situación. Sin embargo, este mecanismo tiene que ser legitimado
luego por el inspector, que depende del Ministerio de Trabajo.
O
sea, que el proyecto de De Gennaro plantea la estatización de la iniciativa
obrera frente a los atropellos contra la vida por parte de la patronal.
Primero, porque no es la asamblea la autorizada a votar la medida, sino la
mayoría de los “delegados de prevención”. Y luego, porque según dice el
artículo “los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio
alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los párrafos
anteriores, a menos que hubieran obrado con dolo o negligencia grave”, lo cual
implica que De Gennaro pretende legislar –a través de la categoría de “riesgo
grave e inminente”- para impedir el derecho de los trabajadores a la huelga
irrestricta.
Una confirmación del carácter estatista reaccionario del
proyecto de Gennaro: la CTA de Micheli propone excluir a los uniformados de la
seguridad laboral
El
carácter estatista reaccionario del proyecto queda demostrado por una cuestión
no menor que estuvo puesta en el tapete de la situación política de estas
últimas semanas con toda la fuerza: la cuestión de las Fuerzas Armadas y de Seguridad,
que el proyecto de De Gennaro deja a merced de la super-explotación laboral, al
plantear que “La presente Ley no será de aplicación” a los uniformados
(Artículo 3, Ámbitos de aplicación).
El Banco de Seguros propuesto por De Gennaro: del “curro de
las ART” al “curro”… del gobierno
¿Cómo
pretende resolver la cuestión de la financiación de las indemnizaciones, De
Gennaro, para “barrer con el curro de las ART” (latiguillo de De Gennaro)? En
el artículo 61 de su proyecto, plantea que “La gestión de las prestaciones y
demás acciones previstas en la presente Ley estará a cargo del Banco de Seguros
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales (BSATyEL)”.
Su
directorio sería compuesto por 4 miembros del Estado, 4 por las cámaras
empresariales y 4 por las organizaciones obreras: son dos miembros de la CTA y
de la CGT (sin aclarar cómo se haría esa división), y por “uno (1) por la Unión
Industrial Argentina, uno (1) por la Cámara Argentina de Comercio, uno (1) por
la Cámara de la Construcción, y uno (1) por acuerdo de las organizaciones más
representativas de la actividad rural” (¡sin animarse a plantear que está
planteando excluir a la FAA de su aliado Buzzi, e integrar a la Sociedad
Rural!). El presidente del Banco estaría designado por el gobierno.
Este
Banco de Seguros, que expresa que toda la ley es una arquitectura destinada a
forjar una triple alianza entre el Estado, los capitalistas y la burocracia
sindical en contra del control obrero. Estaría financiado por el Presupuesto
nacional. En cuanto a las empresas, aportarían al Banco de Seguros en la medida
que se compruebe que estén infringiendo las normativas del proyecto, lo cual ya
es como mínimo un dato peculiar.
El
planteo de un Banco de Seguros en manos del Estado de De Gennaro está asociado
a que la tabla que hoy confeccionan las ART para cada tipo de accidente o
enfermedad la confeccione el gobierno. Sin embargo, por poner un ejemplo, hoy
la ANSES, con los fondos de los jubilados en manos de Cristina, ya se niega a
pagar aunque hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que le ordenen hacerlo.
O sea que el Banco de Seguros no es garantía de nada: al contrario, plantearía
un hipótetico reforzamiento de la especulación oficial con los dineros
destinados a salvaguardar las vidas de los obreros y sus familias. El carácter
estatista del proyecto, por tanto, está lejos de conferirle algún tipo de
progresividad. Peor aún, De Gennaro aclara sin ningún tapujo que “El P.E.N. se
encuentra facultado para mejorar las prestaciones dinerarias establecidas en la
presente Ley cuando las condiciones económicas financieras generales del
sistema así lo permitan”, lo que es igual a decir, que subordina el bienestar
de la clase obrera a los intereses capitalistas (la infamia de este artículo se
hace más obvia pensamos que ocurriría si se votara en la Argentina del INDEK
que presupuesta que se come con $6 por día).
Por
todo esto, De Gennaro en ningún momento, hace referencia a un sentido reclamo
de los trabajadores como la cuestión de “Elección por parte del trabajador
entre las opciones de renta periódica o percepción de la indemnización en un
pago” o “la restitución del aporte patronal destinado al seguro de vida de los
trabajadores” (El trabajo en Argentina, Nº3, 2004, CENDA), con lo cual se
coloca por detrás de las propuestas programáticas del CENDA dirigido por Axel
Kicillof, hoy vice-ministro de Economía, cuando este todavía se animaba a
criticar al kirchnerismo.
El proyecto de De Gennaro y el FAP no es una salida por
izquierda en la lucha contra las ART
En
conclusión, la forma de terminar con la ley de Menem, que el kirchnerismo
durante todo este tiempo avaló, para “barrer con el curro de las ART”, no es
impulsar el voto este proyecto, menos aún porque no está planteado que gane.
Apoyarlo con la movilización es dar cheque en blanco al FAP, para que este
desarrolle una alianza entre burocracia sindical los capitalistas y el Estado
contra el control obrero, sin construir una verdadera oposición por izquierda a
la ley votada por los K, que elimina la Doble Vía, como demostramos punto a
punto.
En la 60, el subte,
la carne, aeronáuticos y FATE
Organicemos las comisiones de salubridad y
seguridad laboral
La 60,
la carne, el subte, aeronáuticos y FATE son lugares de trabajo donde los
compañeros vienen atravesando una experiencia de lucha contra las patronales,
los gobiernos y los distintos sectores de la burocracia sindical. En todos esos
lugares, los accidentes y riesgos laborales están a flor de piel, por lo que
está absolutamente planteando impulsar las comisiones de salubridad y seguridad
laboral para combatir la precarización y flexibilización, como parte de la
lucha más general contra la ley de Cristina y el régimen de las ART.
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En la
60, los compañeros sufren los mismos problemas que en el resto del transporte
automotor: dedo cortado seguido de robo, agresión de pasajeros por el mal
servicio, resbalón por grasa en el piso, aplastamiento de vértebras por la
vibración del colectivo. Igual que en FATE, la empresa hace todo lo posible
para que los trabajadores ni siquiera recurran a la ART, dado que son tantos
los accidentes de trabajo que allí ocurren, que la empresa entraría en la
categoría de “mayor riesgo” y tendría que pagarle más a la aseguradora. La
clínica laboral de la 60 es ADS, que funciona como auditora de la ART. Si la
ART rechaza el reclamo de un trabajador por un accidente, ADS no le justifica
la enfermedad, por lo que la empresa se exime de seguir pagándole el sueldo al
compañero mientras se tramite en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. La
empresa utiliza esto para extorsionar al compañero para que acepte los vales y
se endeude con la empresa. En el caso de que la SRT falle contra el compañero,
tiene que volver a su puesto de trabajo (sin haber solucionado su problema de salud
y sin indemnización) o afrontar el despido.
En el
subte, la situación es desastrosa. La gran carga de trabajo de los revisadores
de vías hace que los ritmos de trabajo vayan en desmedro de la seguridad de una
tarea tan riesgosa; se ha destacado que el sistema de control centralizado de
señales (PCO) no permite saber lo que efectivamente pasa en las líneas;
empresas como Metrotel realizan la reparación del tendido de cables durante el
horario de servicio de trenes; los Asistentes al pasajero realizan toda su
jornada parados cuando se encuentra vigente el derecho a realizar este tipo de
tareas de forma sentado desde la década del 30 (Ley de la silla); en el
premetro no se cuenta con guardias por lo que se elevan los riesgos de
accidente; se realiza el lavado de las formaciones con tensión. El compañero
del subte, Diego Martínez, murió por electrocución pocos días después de la
masacre de Once: estaba puliendo una de las manijas de las puertas con una
maquina de soldar que tenia los tres cables pelados, mientras que el disyuntor
del taller estaba roto.
En
FATE, el régimen laboral es de 7 x 2, 7 x 2 y 7 x 3, lo que coarta cualquier
rutina familiar regular e impone un ritmo laboral insoportable. Los compañeros
sufren recurrentemente de hernias de disco (por el trabajo pesado), tendinits y
epicondilitis (por el trabajo manual repetitivo) y problemas en las rodillas.
La maquinaria vieja del sector trasero habilita numerosos accidentes laborales
que no deberían ocurrir. E incluso las veces que la SRT le impuso a la empresa
una multa por las malas condiciones laborales, la empresa no la pago con la
complicidad del gobierno.
En
Aeronáuticos, los compañeros sufren graves problemas auditivos por los ruidos
fuertes de los aviones. En la Carne, son numerosas las denuncias de accidentes
laborales por las precarias condiciones en que se encuentran los frigoríficos,
y existen casos de brucelosis y tuberculosis no diagnosticados. Allí, a las
condiciones de insalubridad e inseguridad propias de la actividad, (uso de
herramientas afiladas, contacto con enfermedades como la brucelosis y
tuberculosis, ambiente frío y húmedo, uso de fuerza en movimientos repetitivos,
problemas psicológicos asociados a la matanza reiterada de los animales), se
suman las del modo de organización de la producción (monotonía laboral y ritmo
de trabajo). Como consecuencia, patologías obviamente vinculadas a la tarea no
están descriptas como enfermedades profesionales y, por lo tanto, su atención,
además del daño para los trabajadores y los días no trabajados para las
empresas, queda por fuera de las responsabilidades de las ART.
Está absolutamente planteado organizar las comisiones
obreras de salubridad y seguridad, independientes de la burocracia, electas por
los trabajadores y bajo control de las asambleas.
Justicia por Diego Martínez
obrero
del subte muerto
por las malas condiciones de trabajo
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