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viernes, 23 de noviembre de 2012

[7D Y LEY DE MEDIOS] Vamos por la expropiación de los medios bajo control de los trabajadores y las organizaciones populares


CRISTINA MIENTE: EL #7-D ES UN NUEVO NEGOCIADO ENTRE CAPITALISTAS

Vamos por la expropiación de los medios bajo control de los trabajadores y las organizaciones populares

Juan Marino

El 7 de diciembre vence la medida cautelar presentada por el Grupo Clarín, la cual suspendía la aplicación del artículo 161 de la Ley de Medios K. Dicho artículo es el que establece un pla­zo de un año para que las empresas de medios de comunicación audio­visual que poseen más licencias de medios que las permitidas por la propia ley, desarrollen un proceso de desinversión para adecuarse a la norma. El #7-D, por lo tanto, se ha convertido en el eje de la disputa entre el gobierno nacional y Clarín por el control de los medios de co­municación que hoy están en ma­nos del monopolio de Magnetto.

La puja entre ambos está fuer­temente asociada a la crisis política nacional, que encuentra a Cristina, la derecha y el FAP como los blo­ques políticos patronales que se disputan la representación de la burguesía. Esto, porque el resulta­do de la disputa entre los K y Clarín va a incidir directamente sobre las elecciones de 2013: si el gobierno logra su objetivo, tendrá bajo su férula una importante cantidad de medios que hoy están en manos del Grupo Clarín, alineado con la oposi­ción patronal.


EL #7-D: UN NUEVO NEGOCIADO CAPITALISTA QUE REFUERZA EL BONAPARTISMO ESTATAL

Para despejar cualquier duda acerca de si el #7-D constituiría una medida anti-monopólica y de de­fensa de la libertad de expresión, el propio gobierno difundió un spot de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual creada por la Ley de Medios (AFSCA, hoy dirigida por Sabbatella) donde expli­cita que, luego del #7-D, el gobierno no va a expropiar ni estatizar ningún medio de comunicación, sino que por el contrario garantizará que las licencias del Grupo Clarín pasen a manos de nuevos titulares privados.

Esto no quita que, en el marco del proceso de traspaso de la titula­ridad, será el Estado, a través de la AFSCA, el que tenga el control de dichos medios. No es un dato me­nor: es en esa transición donde el gobierno tendrá la oportunidad de modificar, en función de sus propios intereses y su propia orientación, el personal, la programación y los con­tenidos, para condicionar al siguien­te pulpo capitalista que asuma la propiedad del medio. Hay que tener en cuenta que, para desarrollarse el traspaso, se tiene que atravesar por las siguientes etapas: “el traspa­so, según informó, se realizará en un plazo de cien días hábiles. Para ello, primero se elegirán las licen­cias ‘de menor valor’ de cada grupo para ponerlas en licitación. Luego, se abrirá un ‘registro de oferentes’ en el cual se deberán inscribir todos los interesados en esos medios. Mientras tanto, el Tribunal Nacional de Tasación será el encargado de establecer ‘el valor de las licencias y de los bienes afectados a su fun­cionamiento’. Una vez conocidas las ofertas, se producirá el proceso de venta, tras el cual ‘habrá un nue­vo titular y se hará el traspaso’ (…) ‘Si no hay oferentes, puede volver a licitarse o puede hacerse una ad­judicación directa’” (Infobae, 14/11).

A esto se le suma el hecho de que los pulpos capitalistas de los medios de comunicación asocia­dos al gobierno tampoco cumplen los requisitos exigidos por la Ley de Medios, por lo que hoy no es­tarían en condiciones de asumir el control de los medios de los que se desprendería Clarín. Es el caso de Vila-Manzano, Telecentro de Alberto Pierri, Telefé de Telefónica Espa­ña, C5N de Cristóbal López, entre otros. En este punto, es necesario denunciar la hipocresía del gobier­no nacional: mientras montó duran­te todo el último período una inten­sa agitación contra Clarín, ocultó que la AFSCA sacó una resolución aprovechando la medida cautelar favorable al grupo de Magnetto para que el aplazamiento del plazo para desinvertir también se aplique a los empresarios asociados al gobierno. A partir del #7-D, el gobierno bus­cará generar las condiciones para traspasar las licencias de Clarín a los capitalistas asociados al kirch­nerismo, sobre la base de garanti­zarse que los mismos desarrollen una orientación política favorable a los K de cara a las elecciones de 2013. La ofensiva del gobierno so­bre el poder judicial y la aprobación del ‘per saltum’ buscan neutralizar la iniciativa judicial que seguirá des­envolviendo Clarín luego del #7-D para retrasar en cada una de sus etapas la desinversión exigida por la Ley de Medios. Estamos frente a un nuevo negociado capitalista que, al mismo tiempo, refuerza el bona­partismo estatal sobre los medios de comunicación.

LA LEY DE MEDIOS NO GARANTIZA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN NI DEMOCRATIZA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Todo esto pone de relieve que la Ley de Medios no es un instru­mento para defender la libertad de expresión ni para democratizar los medios de comunicación. Por el contrario, es una herramienta que favorece el monopolio estatal de los medios y su capacidad de arbitra­je en la distribución de los mismos entre diferentes pulpos capitalistas. Se trata, por lo tanto, de una legis­lación reaccionaria: el reforzamiento del Estado en el control de los me­dios implica, necesariamente, peo­res condiciones para la libertad de expresión y agitación política de los luchadores que cotidianamente nos enfrentamos al Estado, la patronal y la burocracia sindical asociada a ese mismo Estado. ¿O acaso 6,7,8 ha sido, alguna vez, un vehículo para que se expresen las numero­sas luchas obreras y populares que recorren nuestro país? De ninguna manera. El monopolio estatal no por ser estatal deja de ser capitalis­ta, sino todo lo contrario: el Estado es la representación máxima de la clase capitalista, muchas veces ar­bitrando y enfrentándose con fac­ciones de la propia clase capitalista.

De hecho, la propia ley no aca­ba con la propiedad privada de los medios de comunicación a favor de su control a cargo de los tra­bajadores. Todo lo contrario: pre­serva el régimen de la propiedad privada capitalista en el terreno de los medios. Por lo tanto, mantiene el despotismo patronal, que es la negación directa de la libertad de expresión y la democratización de los medios. Justamente, dicho des­potismo patronal es el que impide la libertad de expresión de los trabaja­dores de prensa, cuya continuidad laboral está condicionada a su sub­ordinación política e ideológica a su patronal. 

La regimentación ideológica, política y sindical contra los traba­jadores de prensa existe tanto en los medios pertenecientes al Gru­po Clarín como a aquellos que se ubican bajo la férula del gobierno o que directamente son propiedad del Estado. En este sentido, los com­pañeros de La Naranja de Prensa denuncian muy correctamente en su blogspot (www.lanaranjadepren­sa.com.ar) que “Télam difundió un despacho que da cuenta de la pre­sentación de un proyecto de ley de dos legisladores del Frente para la Victoria, donde se propone una mo­dificación del Estatuto del Periodista para garantizar que los periodistas puedan, ‘sin perjuicio alguno negar­se a participar en la elaboración y/o difusión de informaciones contrarias a sus principios éticos de la comu­nicación en el medio al cual están involucrados laboralmente’. Es el derecho al silencio, que no modifica ni un ápice el monopolio de la línea editorial del que gozan los capita­listas o el Estado que conduce un medio de comunicación. La alterna­tiva del proyecto es que se declare despedido y tenga derecho a la in­demnización”.

CONTRA EL #7-D, DE­FENDAMOS LOS PUES­TOS DE TRABAJO Y LAS PLENAS LIBERTA­DES POLÍTICAS Y DE ORGANIZACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE PRENSA. VAMOS POR LA EXPROPIACIÓN DE LOS MEDIOS BAJO CONTROL DE LOS TRA­BAJADORES

En oposición al #7-D de Cristina y a la defensa del Grupo Clarín que realizan tanto la derecha como el FAP y Pino Solanas-Proyecto Sur, la izquierda tiene que intervenir con un planteo independiente en esta crisis política. Es necesario luchar contra el reforzamiento del control estatal sobre los medios de comunicación, rechazando la Ley de Medios del gobierno, y planteando que la úni­ca forma de garantizar la libertad de expresión y la democratización de los medios es a través de su expro­piación de manos de los capitalistas (sean públicos o privados) y que pasen a estar bajo control de los trabajadores de prensa junto al con­junto de las organizaciones obreras y populares.

Todo el proceso de traspaso de titularidad de las licencias de las que debe desprenderse el Grupo Clarín luego del #7-D, así como también de las de los pulpos asociados al gobierno, pone en riesgo los pues­tos de trabajo de todos los compa­ñeros que trabajan en esos medios. De ahí la importancia de impulsar asambleas y de defender la puesta en pie de comisiones internas inde­pendientes de las patronales, para luchar contra los despidos y por las condiciones laborales. La lucha que vienen desarrollando los compañe­ros de La Naranja de Prensa es un gran ejemplo en ese sentido: como dirección de la Comisión Interna de Perfil vienen luchando contra los despidos; forman parte de la lista “Entre Todos” de la Comisión Inter­na de Télam que acaba de quebrar la proscripción de la patronal kirch­nerista; han impulsado la puesta en pie, luego de 12 años, de la Comi­sión Interna de Clarín que acaba de ser votada masivamente por los tra­bajadores de ese diario. Cualquier intento de poner en pie una inter­vención independiente de los traba­jadores de prensa frente al #7-D se tiene que apoyar en la enorme lucha política de La Naranja de Prensa, que defiende los puestos de trabajo y las plenas libertades políticas y de organización para los trabajadores de prensa.

Contra los despidos, por los 3los trabajadores de prensa, contra el monopolio (tanto público como privado) de los medios, y por su ex­propiación bajo control de los traba­jadores. Con este planteo, desde la Tendencia Piquetera Revolucionaria llamamos a las comisiones internas de los trabajadores de los medios de comunicación, a las radios co­munitarias, y al Frente de Izquierda, a desarrollar una fuerte agitación política con actos, afichadas, char­las, etc., peleando para que los tra­bajadores intervengan con un plan­teo político independiente frente al #7-D.

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