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jueves, 19 de diciembre de 2013

[19 Y 20 DE DICIEMBRE] DECLARACIÓN DE LA TPR - ABAJO EL PACTO DE LA BUROCRACIA CON EL GOBIERNO NACIONAL

La burocracia sindical de las CGTs y las CTAs se negó a convocar paro nacional y plan de lucha.
La marcha de Micheli es para contener y desactivar la protesta obrera y popular.

ABAJO EL PACTO DE LA BUROCRACIA CON EL GOBIERNO NACIONAL

Desde la TPR, convocamos este 20 de diciembre a las 17:30hs a un ACTO en el OBELISCO.
Vamos por: - PARO NACIONAL YA - $8500 PARA TODOS - NI UN PRESO POR SAQUEAR 
- ABSOLUCIÓN A LOS COMPAÑEROS DE LAS HERAS Y LA LÍNEA 60


Este aniversario del Argentinazo está marcado a fuego por un hecho ineludible: con la victoria de la huelga policial, ya arrancaron las paritarias 2014. La huelga policial cambió todos los parámetros de negociación salarial: con una protesta que sacudió 22 provincias en todo el país, terminó conquistando aumentos salariales de entre el 40% y el 100%. Los planes del gobierno de imponer un tope salarial del 18% están muy cuestionados. Hasta la CGT oficialista de Caló tuvo que adelantar su rechazo a firmar paritarias por más de 1 año y Moyano declaró que “la base en las paritarias va a ser el aumento de la Policía" (La Nación, 18/12). Ya nadie se cree que “no hay plata para aumentar”. Ahora, el anhelo de todos los trabajadores es “cobrar lo mismo que un policía”, es decir, tener un sueldo de $8500.

La conclusión lógica que unifica este despertar político es “si hay plata para aumentar a la policía, queremos aumento para todos los trabajadores”. Y, mucho más claro aún, “si hay aumento para represores, es intolerable aceptar un ajuste para los trabajadores”. Por lo tanto, el ajuste no va. Se trata de una verdadera revolución en la conciencia del movimiento obrero porque plantea como una tarea práctica e inmediata la pelea en las paritarias 2014 por un salario igual a la canasta básica familiar ($8500)

De esta forma, este nuevo “abismo salarial” entre lo que cobra un represor y un trabajador (la diferencia promedio es de $5000, o sea $3700 contra $8500) plantea un panorama explosivo, mucho peor aún si consideramos la hoguera de la inflación y el saqueo del impuesto al salario. Los gobiernos de todo el país, tanto oficialistas como opositores, apuestan a consolidar esta arbitrariedad para tener una policía adicta que le permita reprimir la protesta obrera e imponer un fuerte recorte salarial con paritarias a la baja.

Las alternativas que se abren son dos: o se consolida una situación de privilegio e inequidad aberrante donde un represor cobra el doble que un trabajador o el movimiento obrero logra la “equiparación salarial” e impone un salario igual a la canasta básica familiar PARA TODOS. Se trata, ni más ni menos, de la pelea por un verdadero salario mínimo, vital y móvil. En este nuevo aniversario del Argentinazo, por lo tanto, el centro debía estar colocado en la exigencia de paro nacional a las CGTs y las CTAs y en la denuncia al pacto entre la burocracia y el gobierno nacional.

ARGENTINA - DICIEMBRE 2013: ENTRE EL RODRIGAZO, EL ARGENTINAZO, LA HUELGA POLICIAL Y LA REBELIÓN POPULAR CONTRA LOS APAGONES

Frente a este desafío histórico para los trabajadores de nuestro país, la burocracia sindical trata de esquivar el bulto y descomprimir presión. En lugar de convocar a un paro nacional y plan de lucha de las centrales obreras han colocado el eje en el reclamo de “un bono de fin de año”. Este reclamo, si bien es legítimo y lo apoyamos, es un reclamo que no sólo no tiene conexión con las paritarias sino que su objetivo, por el contrario, es “patear para adelante” la discusión salarial. 

Eso fue lo que pasó, por ejemplo, en Córdoba donde De la Sota rechazó discutir salario con los estatales y la burocracia del SEP y UEPC se limitó a negociar un bono de fin de año de $800. Lo mismo hizo Moyano en Camioneros o Piumato en Judiciales: discuten el bono de fin de año a cambio de levantar la convocatoria a un paro de cada gremio. Lo mismo hace Micheli con su marcha del 19 de diciembre limitándose a reclamar un bono de fin de año de $2000. Más allá de cualquier programa que firme, según sus propias palabras, “nosotros estamos convocando esta marcha reclamando fundamentalmente que haya un espacio multisectorial de diálogo, que el Gobierno convoque a la Iglesia, a las centrales sindicales, a los empresarios, al gobierno, a las fuerzas de oposición para discutir cómo resolvemos este bono de fin de año, cómo paramos lo que puede ocurrir, cómo prevenimos situaciones como las que ocurrieron la semana pasada” (La Nación, 17/12). Esta convocatoria de Micheli, a su vez, no tiene nada de inocente sino que se coloca en la línea del episcopado argentino y la Unión Industrial Argentina que militan a favor de una “paz social”. No se trata, como se ve, de un plan de lucha para impulsar la huelga general y la rebelión popular sino, por el contrario, de actuar como bomberos contra la lucha obrera y popular.

El temor de la burocracia en este aniversario del Argentinazo es que la convocatoria a una huelga general desate una auténtica rebelión popular. Razones para el pánico de los burócratas y el gobierno no faltan. El avance del clasismo en la recuperación de los sindicatos, las asambleas populares y los centros de estudiantes es innegable y es tema de discusión entre las patronales. Actualmente, el país se encuentra sacudido por la lucha de estatales, médicos, docentes y municipales. Los estatales de 9 provincias (Entre Ríos, La Rioja, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Salta, Rosario y Jujuy) fueron quienes se encontraron a la vanguardia. A su vez, en Río Negro hubo varios días de marchas de 2500 estatales (ATE y UPCN). En la misma línea, ATE convocó al paro por 48hs de ATE en la Provincia de Buenos Aires, de 24hs en Neuquén con marchas de 3000 docentes y estatales y un paro nacional de ATE para el 19 de Diciembre. En Tucumán, los estatales hicieron piquetes el lunes 16 reclamando un básico de $12.000. 

En Jujuy, ATE y ATSA (sanidad) anunciaron paro para el miércoles 18. En La Rioja el martes pasado los gremios estatales y municipales marcharon por aumento. El 12 también pararon médicos de CICOP, haciendo sentir la protesta en hospitales y centros de salud, y el 18 hubo paro nacional de FESPROSA. Otro ejemplo son los enfermeros neuquinos o el paro y movilización convocado por los residentes de la Provincia de Buenos aires. También hubo marchas docentes en Tandil, una convocatoria en Rosario de estatales de ATE, docentes de Amsafé y profesionales de la Salud enrolados en el Siprus junto a los profesores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y el 18 se movilizaron los docentes de SADOP en Tucumán. Por último, en Córdoba las tomas de Tribunales I; el Complejo Esperanza y otras dependencias de la Senaf; los hospitales Córdoba, Tránsito Cáceres de Allende, Misericordia, Materno Neonatal, De Niños, San Roque, Materno Provincial y Pediátrico; ponen de relieve la grave situación de precariedad y salarios de miseria y la enorme energía de lucha de los compañeros estatales. A este torrente central se suma la lucha de los controladores aéreos del Aeroparque Jorge Newbery y en los aeropuertos de Tucumán, Jujuy y Salta y la lucha de los tercerizados ferroviarios contra los despidos y por el pase a planta. 

En otras provincias directamente el poder político echó lastre para desactivar preventivamente la protesta. En Santa Fe, Bonfatti firmó un decreto que dispone de una asignación de mil pesos para todos los empleados públicos y que alcanzará también a docentes del sector privado. También el medio aguinaldo se hará efectivo antes de Navidad. Lo mismo sucedió con otros sectores. Por ejemplo, los empleados de Comercio acordaron bonos de fin de año. Van de $1000 a $1500 dependiendo de la empresa. 

El aniversario del Argentinazo coincide también con que los trabajadores y vecinos de Capital Federal y Gran Buenos Aires, los mismos que protagonizaron la movilización a la Plaza de Mayo la noche del 19/12 de 2001, están desarrollando centenares de piquetes y marchas contra los cortes de luz. Estos cortes reflejan, ni más ni menos, la bancarrota de la política oficial de subsidios a las empresas privatizadas. Sólo en capital ayer hubo 70 mil usuarios afectados y en Villa Ortuzar, un hombre y su hija murieron intoxicados por usar un grupo electrógeno para tener electricidad. La Nación del 18/12 relata que al anochecer se repitieron piquetes por toda la Capital Federal. En Lanús, un grupo de personas tomó la sede de Edesur en protesta por los cortes (ibídem). En el día de ayer hubo piquetes en Almagro, Caballito, Balvanera y San Cristóbal mientras que en Devoto hubo barricadas. En 3 de Febrero, “después de 30 horas sin luz, la gente salió a la calle y cortó las vías del ferrocarril San Martín, impidiendo el paso de las formaciones” (La Nación, 19/12). Es decir, que por la crisis energética que atraviesa el país, en el aniversario del Argentinazo, la Capital Federal y el Gran Buenos Aires se encuentran cruzados por piquetes, marchas, escraches, cortes de vías e incluso ocupaciones como la de Lanús contra los cortes de energía. 

El fin de semana anterior, de hecho, toda la provincia de Buenos Aires estuvo jaqueada por más de 150 piquetes producto de la bronca popular de las víctimas de un temporal y la total irresponsabilidad del poder político que dejó a familias y barrios enteros sin luz ni agua por más de una semana. El gobierno salió a responsabilizar a Edenor y Edesur a través de Capitanich, lo cual es una impostura: el gobierno les baja decenas de miles de millones de pesos en subsidios cada año. El propio jefe de gabinete tuvo que retractarse por hablar de “cortes programados”, tras repercusiones al interior del gobierno, demostrando que no pueden manejar una situación que los desborda: “la sola mención de ‘cortes de luz programados’ distanciaron a Capitanich y De Vido, pues esa imagen patente de los tiempos de Raúl Alfonsín ponían en foco la mala gestión kirchnerista en el rubro energético” (Clarín, 19/12). Se trata, a su vez, de la preparación inmediata para un tarifazo.

Toda esta histórica intervención de masas se despliega sobre una base material concreta: la bancarrota capitalista mundial, en general, y la crisis económica y energética del kirchnerismo, en particular. Nadie desconoce que las alternativas que se le abren al gobierno están condicionadas por su programa de cerrada defensa de los intereses capitalistas ante la desorganización de la economía nacional. Hoy el déficit fiscal está casi tan alto como antes de la crisis de la Convertibilidad (que luego culminó en el Argentinazo) pero también la presión inflacionaria, los controles cambiarios y la emisión constante nos plantean el escenario del “Rodrigazo” de 1975 (devaluación, ajuste, impuestazo y tarifazo). Frente a esta situación explosiva, los acuerdos de precio sobre 187 productos, los impuestos del 50% sobre artículos suntuosos o las recargas impositivas del 35% por compras en el extranjero son una anécdota de dudosos resultados prácticos. En el Banco Central calculan que por cada peso que entra el Estado gasta $1,50. En octubre el rojo fue de $7.279 millones, casi un 80% más alto que en el mismo mes del año pasado. En diciembre se imprimirán $30 mil millones y la inflación mensual de alimentos ronda el 5%. Eso alimenta la presión inflacionaria. En ese marco, Capitanich prepara un fuerte ajuste para el verano asociado a reventar las paritarias. La salida para los socialistas, naturalmente, no se basa en ajustar una variable económica u otra sino en proceder a una reorganización económica integral expulsando al imperialismo y afectando los intereses capitalistas.

Esto plantea, como corolario final, la disgregación y crisis interna del poder político. A menos de 1 mes del cambio de gabinete y el virtual cambio de presidente (alejamiento de Cristina y protagonismo inédito de Capitanich), no sólo el país está sufriendo una profunda convulsión social sino que tambalean los ministros, los funcionarios y los gobernadores. El más claro ejemplo es el de Alperovich en Tucumán donde durante tres días consecutivos se movilizaron más de 15000 personas exigiendo su renuncia. A esto se suma las propias conspiraciones dentro del kirchnerismo para desbancar a su esposa en el senado y poner en su lugar a Aníbal Fernández o Pichetto. En la misma línea se dieron las reiteradas marchas en Córdoba por el “¡Fuera De la Sota!” que lo forzó a volver a cambiar ministros y volver a cambiar la cúpula policial bajo el constante agravamiento del escándalo político por sus vínculos alevosos con el narcotráfico. Por último, la designación de Milani al frente del Ejército es ampliamente cuestionada por todas las organizaciones populares como la complicidad de Hebe de Bonafini y Fresneda. El operativo kirchnerista para “reconciliar a las fuerzas armadas con el pueblo”, con motivo de los 30 años de democracia, hace agua por todos lados.

Esta crisis al interior del aparato represivo también tuvo su expresión en la enorme huelga policial que cuestionó objetivamente la capacidad de mando del ex-carapintada Berni y de la ex-coordinadora de la tropas argentinas en Haití y actual ministra de seguridad Cecilia Rodríguez. La pelea por exigir la renuncia de estos personajes nefastos tiene que unirse al reclamo de la propia huelga policial en La Pampa reclamando la renuncia de su jefe, Ricardo Baudaux, y Diego Martínez, su sub-jefe, por estar vinculados a atropellos sistemáticos a la tropa y a casos de impunidad en la provincia. Tenemos que dar la pelea política para que todo el movimiento popular adopte estas consignas como propias y en especial los uniformados que protagonizaron la protesta. La pelea por intervenir satisfactoriamente en todas estas crisis políticas logrando la renuncia de los involucrados prepara el camino para que gane las calles el histórico “¡que se vayan todos!” y refuerza al movimiento obrero y popular en la pelea estratégica por un segundo Argentinazo contra Cristina, la derecha y el FAP y por un gobierno de los trabajadores.

ABAJO LA MILITARIZACIÓN Y CUALQUIER INTENTO DE ESTADO DE SITIO. ABAJO LA OFENSIVA REPRESIVA DEL KIRCHNERISMO Y LA OPOSICIÓN PATRONAL CONTRA LA HUELGA POLICIAL Y LOS SAQUEADORES. QUEREMOS $8500 PARA TODOS 

Para intentar sortear esta inmensa crisis política el kirchnerismo, de común acuerdo con la oposición patronal, ha montado una ofensiva represiva contra la huelga policial y los saqueadores. El marco político para desarrollarla ha sido la declaración común firmada por todos los diputados del arco patronal – e incluso el propio Claudio Lozano (que forma parte del partido de Micheli y De Gennaro, y que fue a elecciones con Marea Popular): han salida a atacar las huelgas policiales y a defender a los gobiernos provinciales, e incluso a señalar que sería inviable otorgar aumentos salariales similares a los que consiguieron los policías al resto de los trabajadores. La forma de instrumentarla es la persecución y el encarcelamiento junto a la “democratización de la fuerza” (o sea, poner personal adicto a la camarilla presidencial) pero, sobre todo, la militarización y la amenaza concreta de imponer el estado de sitio de cara al próximo 20 de diciembre “si fuese necesario ante desmanes sociales”.

Alak se ha reunido en Córdoba con fiscales de todo el país para reforzar la persecución judicial a todos aquellos que participen de los saqueos. En esa línea, ya han sido encarcelados en Chaco un comisario al que se acusa de haber instigado el levantamiento policial en esa provincia y en Jujuy cuatro personas fueron arrestadas por tratar de vender mercadería robada, además de catorce policías tucumanos acusados de “sedición” por haber promovido el acuartelamiento y de los cientos de presos por saquear en Provincia de Buenos Aires. El jefe de la policía departamental de Entre Ríos ha salido a hacer la denuncia penal contra la tropa policial que participó de la huelga, mostrando cómo la cúpula se coloca del lado del gobierno contra los subalternos atacando los acuartelamientos. A la línea de persecución también se ha sumado Bonfatti, gobernador santafecino por el FAP, que promueve a través de la justicia provincial la persecución a los policías acuartelados y a los saqueadores. Sobre todo, hay que destacar su ataque a APROPOL porque implica un ataque a la organización política de la tropa y una advertencia contra todos quienes apostamos a impulsar la protesta de las tropas contra la cúpula policial. Desde la TPR, repudiamos al gobernador del FAP aliado a la UP de Micheli, y nos colocamos por la defensa irrestricta del derecho de APROPOL y de todas las organizaciones sindicales y políticas a impulsar la protesta de los uniformados contra la cadena de mando policial.

Por su parte, el diputado nacional kirchnerista Depetri declaró que “la justicia debe declarar nulos los acuerdos salariales” con los policías, y Aníbal Fernández anunció la presentación de un proyecto de ley en el Congreso para multar a los policías que vayan al paro. Se trata de una orientación que, de progresar, atentaría contra los derechos políticos y sindicales del conjunto del movimiento obrero, dado que estarían multando el derecho a huelga (en especial de los mal llamados “servicios esenciales”) y anulando aumentos salariales a través de la camarilla judicial reaccionaria. La judicialización contra policías y saqueadores solamente refuerza la verticalidad en el aparato represivo y la persecución a los explotados que desesperados por la inflación reinante recurren al saqueo para compensar su situación de miseria social. Es una obligación elemental de la izquierda y los luchadores salir al cruce de esta campaña reaccionaria por parte de los principales partidos que detentan el poder político.

Es en este cuadro que el gobierno está procesando la militarización del país. Han postergado las vacaciones para todos los miembros de las distintas fuerzas del aparato represivo volcadas a reprimir los saqueos: Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía Aeroportuaria. Para todos ellos han anunciado un aumento salarial, que según algunos medios rondaría los $10.000 para el salario básico, de forma tal de homogeneizarlos detrás del gobierno para reprimir, no solamente los saqueos y las huelgas policiales, sino al conjunto de las luchas obreras y populares que se han desatado en Argentina luego de los acuartelamientos. Inclusive, el diario La Nación del 15/12 informa que Cristina habría solicitado a Gils Carbó la redacción de un proyecto de ley para declarar el Estado de Sitio en los próximos días. Si bien esto fue desmentido el día siguiente por Capitanich, lo que es cierto es que los efectivos de las Fuerzas Armadas también han visto postergadas sus vacaciones para prestar apoyo logístico a las fuerzas que ya están militarizando la Provincia de Buenos Aires y otras provincias del interior. La colocación de Milani a la cabeza de las Fuerzas Armadas en este cuadro es significativa, porque pone de manifiesto la política represiva que el gobierno busca desarrollar contra los trabajadores en su conjunto.

La burocracia sindical enfrenta este cuadro buscando contener el desarrollo de la lucha obrera y popular, y completamente adaptada al gobierno nacional. Las expresiones de Moyano y Caló en apoyo a los reclamos policiales pero no “a los métodos”, e incluso en el caso de Moyano y Yasky en apoyo a la sindicalización policial (pero sin derecho a igual irrestricto o sin derecho a huelga alguno), no han redundado en una denuncia al cuadro de encarcelamientos y persecución a los policías que participaron de los acuartelamientos. La política de sindicalización que apoya Micheli, así como la de Moyano y Yasky (junto con un sector de la derecha y la centro-izquierda argentina), está orientada a regimentar el derecho a huelga de la tropa policial, es decir, encuadrarla detrás de una burocracia sindical asociada al Estado. De conjunto, la burocracia sindical ha tejido un acuerdo con el gobierno nacional, dejando pasar la ofensiva represiva contra saqueadores y policías, y boicoteando la lucha para que todos los trabajadores cobren el mismo salario que han conquistado los policías.

Este aniversario del Argentinazo, por lo tanto, está marcado claramente por el pacto entre la burocracia sindical y el gobierno nacional. La izquierda, sin embargo, ha rechazado intervenir este 20 de diciembre denunciando este pacto. El Partido Obrero ha decidido bajarse de la convocatoria al 20 de diciembre para marchar con Micheli el 19 de diciembre sin plantear la necesidad del paro nacional. Muy por el contrario, han salido a justificar la pasividad de Micheli. Hablando de la convocatoria común entre la CTA-Micheli y la Coordinadora Sindical Clasista del PO, explícitamente dicen que “evitamos la convocatoria a un paro nacional que no estamos en condiciones de garantizar, pero sí el paro y movilización de todos los que pudieran hacerlo en el marco de una jornada nacional con centro en la Plaza de Mayo” (Prensa Obrera, 19/12). Se trata de un encubrimiento cómplice con Micheli por doble partida, porque por un lado argumenta que la CTA-Micheli no podría ir al paro a nivel nacional (lo cual es falso en un cuadro de luchas de estatales en todo el país), y por el otro omite que igualmente no le reclama paro nacional al resto de las centrales sindicales. 

Por otra parte, se contrapone por el vértice con la política que inicialmente se había planteado el PO de cara al aniversario del Argentinazo de 2012, cuando habían escrito, criticando la marcha del 19 de diciembre convocada por la burocracia ese año, que “la convocatoria a la marcha del próximo 19 no debería engañar a nadie. La ausencia de un plan de lucha, desde la primera manifestación contra el impuesto al salario hace ya seis meses, es una demostración suficiente de que las reivindicaciones obreras son un elemento secundario del trío convocante (…) los convocantes dieron la cita para el 19, de modo de coquetear con el Argentinazo que comenzó en la noche de ese día hace once años, pero para evitar -por sobre todo- confundirse con el mismo 20 de diciembre. El trío convocante saboteó el Argentinazo en su momento (la CTA estaba abocada a un plebiscito sobre el ingreso mínimo) y no es para nada afecto a las puebladas (…) a partir de esta caracterización, el planteo de la izquierda revolucionaria debe ser disputar ese recuento con una movilización extraordinaria de fuerzas, sobre la base de las posiciones combativas: un plan de lucha y una huelga de 36 horas. Hay que ir para criticar la convocatoria burocrática con tendencias políticas pro-imperialistas, no para embellecerla. Para disputar, no para conciliar. Para mostrar ante los ojos del pueblo que se desarrolla una unión entre la izquierda revolucionaria y el movimiento obrero. Al día siguiente, debemos salir a reivindicar los métodos del Argentinazo que, como el Cordobazo, deben servir para reforzar la conciencia histórica del proletariado” (Prensa Obrera, 13/12/2012). Nada de eso está planteado este año, donde el PO firma una convocatoria común con la burocracia y festeja compartir el palco, oradores y cabecera. Lejos de “ir a disputar” este año el Partido Obrero plantea que “El programa y la caracterización común que aprobamos entre CTA y CSC (PO), es un avance del movimiento obrero, y marca un rumbo para que la crisis la paguen los capitalistas” (PO, 18/12/13) La capitulación del año pasado, que constituyó participar de lleno de la marcha de la burocracia y ningunear la marcha del 20, precedió a la de este año. La orientación anticapitalista de la dirección del PO los ha llevado a estar completamente adaptado a una salida sindicalista con eje en los reclamos mínimos junto con la burocracia de la CTA-Micheli. 

El PTS, pretendido defensor de la “izquierda anti-policial”, no sólo fue a las reuniones de la CTA a pedir un orador sino que después de no conseguirlo tuvo la ocurrencia sectaria de inventar que no marchaba el 19 porque “hay policías y no denuncia el aumento conquistado por la ‘extorsión’ policial”. Esto no fue obstáculo, sin embargo, para que en Tucumán sí marcharan junto a la CTA y el PO. Es decir, que con la burocracia de Micheli y su llamado abierto a un pacto con el gobierno, el clero y la burguesía de carne y hueso no hay ningún problema. Como demuestra toda su campaña política, el discurso “contra la extorsión policial” del PTS se trata de una excusa a espaldas de la lucha del movimiento obrero, es la contracara sectaria de su adaptación a la burocracia y refleja la presión de la ofensiva represiva del gobierno nacional. 

Frente a esta situación, desde la TPR llamamos a todos los trabajadores a que este 20/12, el 12° aniversario del Argentinazo, nos encuentre en la calle para defender el derecho a la rebelión popular y la huelga general contra los gobiernos ajustadores. Muy lejos de distraernos con la gresca al interior de la izquierda, apuntamos contra los planes represivos del gobierno y exigimos paro nacional a las CGTs y las CTAs por un sueldo igual a los $8500. Por eso, a 12 años del Argentinazo, convocamos este 20 de Diciembre a un acto en el obelisco contra la burocracia sindical y el gobierno y reivindicando la rebelión popular y la huelga general.

19 de diciembre de 2013

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