¡FUERA EL NARCO-GOBIERNO DE DE LA SOTA! Cuando la policía protesta vemos el caos capitalista que los gobiernos crearon

Cuando la policía protesta vemos el caos capitalista que los gobiernos crearon

¡FUERA EL NARCO-GOBIERNO DE DE LA SOTA!

Marcha al Centro Cívico - Viernes 6/12 - 18hs

Desde la TPR planteamos:

Bono de fin de año para todos los trabajadores ocupados y desocupados // Satisfacción de los reclamos salariales de la tropa policial// Exijamos a las CGTs y la CTA que convoquen un plan de lucha y la huelga general // Fuera la Gendarmería // Fuera Almada. Fuera Monteoliva. Fuera Oscar González. Fuera De la Sota // Que el Frente de Izquierda impulse el juicio político para echarlos

La huelga del personal policial que paralizó a la provincia de Córdoba puso de manifiesto la enorme crisis política abierta en la provincia. Luego de más de 3 meses de constante exposición mediática por el escándalo desatado debido al involucramiento de las cúpulas policiales con el narcotráfico, la tropa se acuarteló exigiendo un aumento salarial al básico (que se encontraba en los $5000). A pocos días del tercer aniversario de la ocupación del Parque Indoamericano en Capital Federal, de 1 año de los saqueos de fin de año y a pocos días de los saqueos en Rosario, esto llevó a una ola de saqueos y barricadas. Esta tendencia también empezó a expresarse en los barrios del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una genuina tendencia al estallido social. Ante esta crisis, la respuesta inicial del gobierno de De la Sota fue la de rechazar cualquier aumento a la policía con el argumento de que eso generaría el reclamo de aumento de todos los estatales en el marco del ajuste que está desatando el gobierno provincial y nacional. Sin embargo, el gobierno de De la Sota finalmente tuvo que retroceder y entregar el salario mínimo de $8000 para el personal policial.

Los dichos de De la Sota ponen de manifiesto la plena consciencia por parte del gobierno de que la lucha de la tropa policial por salario iba a habilitar un mejor terreno para impulsar las luchas del conjunto de los estatales y debilitar la capacidad de arbitraje del gobierno, el estado y la burocracia sindical contra los trabajadores. Por lo tanto, la victoria que obtuvo el personal policial es una victoria para todos los trabajadores del estado. Esto es lo que la mayoría del FIT (PO y PTS) no quiso entender pretendiendo que una victoria de la protesta policial era perjudicial o, al menos, indiferente a los luchadores. Todo lo contrario: la perspectiva que nos deja la crisis política es avanzar en la huelga general de la CGT y la CTA poniendo al frente el pedido de renuncia del poder político y la inmediata satisfacción de todos los reclamos populares.

El triunfo de la huelga policial abrió camino al paro de trabajadores de salud, empleados públicos, judiciales y la lucha docente

Luego del aumento a los policías, el SEP convocó un paro de 48 horas para el viernes 6 y el lunes 9; los judiciales tomaron los Tribunales I y convocaron a paro de 24 hs para el viernes 9 exigiendo la porcentualidad (atar los aumentos salariales de los trabajadores judiciales al de los jueces); UEPC convocó a un plenario de delegados provincial para el lunes 9, y; los trabajadores de salud tomaron el Hospital Misericordia, el Tránsito Cáceres y realizaron un piquete en la Bajada Pucará como parte del inicio de un plan de lucha. La lucha policial profundizó el reguero de luchas como los estatales en defensa del salario y por un bono de fin de año que ya se venía desarrollando desde las enormes huelgas de los hospitales y las rebeliones docentes antiburocráticas.

El gobierno de De la Sota busca entrampar a los cordobeses para encubrir su responsabilidad victimizandose por la “falta de ayuda” del gobierno nacional. Los cordobeses ya conocemos este discurso. Fue el mismo que utilizó De la Sota como excusa para ajustar las jubilaciones en 2012. Es inaceptable que un gobierno ajustador responsabilice a otro gobierno ajustador por sus propios ajustes. El gobierno de De la Sota nos plantea una extorsión, mientras gobierna para Monsanto, los sojeros y las patronales del transporte y las automotrices, nos pretende hacer creer que no es responsable de la política de ajuste en Córdoba. Para nosotros, militantes de la TPR, claramente tanto Cristina como De la Sota son responsables por hundir a los explotados en una situación insostenible que genera un estallido social instantaneo ante el primer acuartelamiento policial.

Por otra parte, queremos destacar el objetivo REACCIONARIO y ANTI-OBRERO del gobierno nacional al negarse al pedido de De la Sota solicitando el envío de gendarmería. No se trató de un apoyo a la huelga policial, sino que se debió a la propia crisis política entre el kirchnerismo y De la Sota. Si Capitanich no mandó gendarmería fue para hundir a Córdoba en el caos de manera mezquina. De hecho, fue el mismo gobierno nacional quien intervino para quebrar la huelga de prefectos y gendarmes del año pasado, no dando satisfacción a sus reclamos y expulsando de la fuerza a quienes encabezaban la lucha. A su vez, su rechazo a la huelga policial no se debe a la defensa de un ideario progresista o anti-policial sino porque quiere evitar a toda costa que se desaten luchas salariales, tanto en Córdoba como a nivel nacional. La lucha de los trabajadores por aumento salarial pone en jaque la política de ajuste determinada por la crisis fiscal en todo el país.

Cristina, Capitanich, De la Sota y Berni mandan a la Gendarmería para reventar la lucha salarial

Por eso, el envío de 1200 gendarmes el día viernes 6/12 por parte del kirchnerismo, ya concluido el acuartelamiento, está determinada por el incesante incremento de la lucha obrera y, por eso mismo, tiene como objetivo el reforzamiento del aparato represivo para contener las luchas y movilizaciones por el salario y el bono de fin de año. De ninguna manera constituye una medida para “garantizar la seguridad” del pueblo.

Tanto el gobierno provincial como el nacional tienen la política de militarizar los barrios, no de dar satisfacción a los reclamos populares. Dicha política se expresa en la conformación del “comando anti-saqueos” formado por Berni y Granados en Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la tendencia a la lucha policial, iniciada el año pasado con la huelga de prefectos y gendarmes y continuada con el acuartelamiento de la policía cordobesa, comienza a expandirse, tal como lo reflejan los reclamos salariales de la base policial en Olavarría y La Rioja.

Vamos por la sindicalización de la policía para defender el derecho a huelga indefinida y a no reprimir

Desde la Tendencia Piquetera Revolucionaria apoyamos el reclamo salarial de los policías, ya que cualquier fisura dentro del propio aparato represivo del Estado, que coloque al personal policial contra el narco-gobierno y la narco-cúpula, genera mejores condiciones para los luchadores. La salida frente a la crisis, el ajuste y la inflación tiene que ser por izquierda, luchando para echar a los responsables del narcotráfico, la trata, el código de faltas y los salarios de la miseria. Es un deber elemental de todo revolucionario promover todas las tendencias a la insubordinación y debilitamiento del aparato represivo, apoyando los reclamos justos de la tropa contra los mandos jerárquicos.

La izquierda tiene que impulsar la sindicalización policial, para profundizar la brecha abierta entre la tropa y las cúpulas policiales. Los efectivos que protagonizaron la huelga tienen que exigir el derecho a sindicalización y negarse a reprimir a los trabajadores que, al igual que ellos, reclaman por un salario digno. En este sentido, como TPR rechazamos el pedido de sindicalización realizado por la cámara empresarial cordobesa G-6 ya que significa un intento de regimentar el derecho a protesta del personal policial: “El núcleo empresario pidió ‘erradicar o encauzar’ los métodos de reclamos en servicios públicos esenciales que implican ‘prácticas extorsivas’” (La Voz 6/12/13). Por el contrario, la sindicalización de la policía tiene que estar al servicio de expulsar a las mafias que regentean el narcotráfico, la trata de personas e impulsan las razzias en los barrios cordobeses. La sindicalización tiene que ir ligada de forma indisociable al derecho a huelga indefinida e irrestricto, para que la base policial rechace reprimir a los trabajadores, y para que se ubique en la línea de desmantelar el aparato represivo del Estado, no de colocar a la tropa bajo el mando directo del Estado a través de una burocracia y una legislación regimentadora.

Exijamos a las CGTs y la CTA que convoquen un plan de lucha y la huelga general

En el marco del ascenso de las luchas de los trabajadores estatales a partir de la victoria del personal policial, se realizó un plenario de la CGT Regional Córdoba (Dragún-Pihén). Sin embargo, el plenario no votó ningún apoyo a la conquista de los policías, ni la puesta en marcha de impulsar un plan de lucha y con huelga general por el bono navideño y por aumento de salarios. Eso cuando el propio Pihén es el Secretario General del SEP que se encuentra en paro por 48 hs. Desde la TPR, exigimos a las CGTs y a la CTA de Córdoba la convocatoria inmediata a plan de lucha y huelga general. Sigamos el ejemplo de los policías.

No a la criminalización de los saqueos. Que el gobierno indemnice a los 

pequeños comerciantes damnificados

La crisis política y social ha generado saqueos y enfrentamientos callejeros. Los saqueos combinaron el accionar de bandas organizadas ligadas a punteros, con trabajadores que no llegan a fin de año y no puede garantizarse siquiera una canasta navideña. Esta situación es generada por los gobiernos de De la Sota y Cristina que rechazan la entrega del bono de fin de año a trabajadores ocupados y desocupados.

El intento del gobierno de De la Sota de criminalizar a los saqueadores imputándolos por hurto calamitoso (que impone penas de entre 1 y 6 años de prisión) es una provocación, porque es el propio gobierno que genera la carestía social y la situación de miseria a los trabajadores y el pueblo.

La bronca popular desatada contra los saqueos y la organización de la auto-defensa y las barricadas en los barrios, son una expresión de la situación pre-revolucionaria que atraviesa el país. La clase media oscila violentamente entre el apoyo a un derechista como De la Sota o Massa de un lado y el voto a la izquierda obrera expresada en el FIT. Esta tendencia al protagonismo histórico de las masas se verifica una y otra vez. Hubo poco más de 20 saqueos y múltiples barricadas. Luego de una breves escaramuzas, las calles no fueron de los saqueadores sino que primaron los vecinos organizados en barricadas.

La bronca de los vecinos y los pequeños comerciantes de ninguna manera debe asimilarse con un “brote fascistizante” contra los trabajadores más humildes sino como una tendencia a la auto-organización en defensa de lo que conquistado con el trabajo propio. Esa fue la razón por la cual también se organizaron los barrios más humildes contra las bandas de ladrones. Cualquier "exceso" debe encuadrarse en este contexto. Incluso en los casos donde estas acciones hayan estado fundamentadas en una ideología xenófoba o anti-popular, nuestra tarea como socialistas es explicar pacientemente para que los vecinos puedan superar los prejuicios reaccionarios instalados por el sistema y sepan identificar quién es su verdadero enemigo que los saquea permanentemente. La tarea, por lo tanto, es unificar a todos los explotados y los afectados contra De la Sota.

Tenemos que exigir el bono navideño, la satisfacción de todos los reclamos salariales y la indemnización al 100% a todos los pequeños comerciantes damnificados. Para conquistar nuestros reclamos, movilicémonos unificados para echar al gobierno de De la Sota. No se trata, naturalmente, de “premiar los saqueos” (como nos imputó alguno) sino, por el contrario, saber separar la paja del trigo: frente a decenas de compañeros que se vieron empujados a una situación desesperada como para ir saquear, queremos que ningún compañero necesite hacerlo. Es responsabilidad del gobierno satisfacer el reclamo popular para que las bandas de delincuentes, asociadas al poder político y policial, no usen el estallido social como pretexto y cobertura para llevar adelante sus atropellos contra quienes viven de su trabajo.

Que el Frente de Izquierda impulse el juicio político para echar a Almada, Monteoliva y De la Sota

Frente a la crisis policial, el Frente de Izquierda no ha intervenido de forma conjunta. Mientras Izquierda Socialista se solidarizó muy correctamente con la huelga policial a través de un comunicado, el PO y el PTS se han opuesto a la lucha de los policías. Esta división del FIT fue absolutamente funcional a De la Sota y el kirchnerismo.

La posición del Partido Obrero fue una verdadera impostura ya que sin manifestarse en contra de la huelga, el PO planteó que el aumento de salarios conquistado por los policías refuerza el aparato represivo. Esta posición se contrapone con la posición histórica del PO, que se colocó en el lugar de la tropa sublevada contra sus cúpulas, planteando la profundización de las tendencias a la disolución del aparato represivo. Esta posición elemental de un partido que busca destruir el Estado capitalista fue defendida por el Partido Obrero en la huelga de prefectos y gendarmes de 2012. Llamamos a los compañeros del PO a rectificar su posición a la luz de la actual tendencia desatada al protagonismo de la lucha obrera.

Esto es aún más notorio cuando fue el propio De la Sota, quien criticó a los policías en huelga porque no “son” policías sino que “trabajan de” policías. La izquierda tiene que presentarse como vehículo para impulsar la ruptura de los engranajes más podridos del estado capitalista y por lo tanto, tiene que mostrarle al personal policial, que para tener un salario digno, hay que echar a las cúpulas nefastas y a este gobierno que son los responsables del narcotráfico y el código de faltas.

Al mismo tiempo es evidente que el acuerdo salarial del personal policial, lejos de reforzar el aparato represivo, género las condiciones para las huelgas del SEP, Judiciales, los trabajadores de la salud y la lucha de los docentes. Por lo tanto plantear que la victoria de la protesta policial refuerza el aparato represivo es colocarse por fuera del proceso de lucha de los estatales por el salario y el bono de fin de año iniciado con la huelga policial. El triunfo de la huelga policial abrió el camino a toda la oleada de luchas en curso, que plantean la perspectiva de la huelga general, mientras que si hubiese primado la posición del PO y el PTS (que no triunfe la huelga policial) se hubiera reforzado el gobierno.

En este sentido, la banca de la izquierda en la Legislatura tiene que ser un canal para la bronca popular contra este gobierno. Esto con más fuerza dado que el FIT debe encabezar la lucha en defensa de la banca del Congreso Nacional usurpada a Liliana Olivero por el fraude de este régimen corrupto. El Frente Cívico pretende capitalizar esta crisis presentando un pedido de renuncia a Monteoliva y Oscar Gonzalez. Desde la TPR denunciamos que el pedido de renuncia no es lo mismo al pedido de inicio de juicio político, sin embargo les exigimos que se hagan cargo y se movilicen exigiendo su renuncia.

Llamamos al Frente de Izquierda por su parte a que inicie el pedido de juicio político a De la Sota, Gonzalez, Monteoliva y la remoción de Almada impulsando un plan de lucha de los sindicatos, para conquistar todos los reclamos populares, y para barrer con este gobierno de ajuste, miseria y saqueo contra la clase obrera y el pueblo.