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viernes, 20 de febrero de 2015

[CÓRDOBA] CONTRA LAS INUNDACIONES Y DE LA SOTA: ASAMBLEA POPULAR

8 muertos, 1 desaparecida, 1500 evacuados, 1500 casas afectadas, 12 puentes y el acueducto de Río Ceballos destruidos

Contra las inundaciones y De la Sota: ¡Asamblea Popular!

Indemnización 100% para todos los vecinos y pequeños comerciantes.
Acercá tus donaciones a la mesa de la TPR y del FEL: Facultad de Psicología-UNC

Las lluvias que cayeron en las sierras de Córdoba y en la capital y que trajeron como consecuencia 8 personas muertas, 1 desaparecida y más de 1500 afectados y evacuados, puentes y el acueducto de Ríos Ceballos destruidos, no constituyeron una “catástrofe natural”. Se trata de la conclusión de la política de De la Sota, Cristina, y los intendentes opositores de desmonte, sojización y especulación inmobiliaria.

Las localidades afectadas son 6 a las que luego se le sumaron 2 barrios de Córdoba Capital. Río Ceballos, Mendiolaza, Unquillo, Villa Allende, La Granja, Ascochinga, Salsipuedes, Cerro Azul, Cuesta Blanca, La Calera, Saldán y Aguas de Oro. Además Unquillo, Mendiolaza y Río Ceballos estarán toda la semana sin agua potable por ruptura del acueducto que conecta la zona con la planta potabilizadora de La Quebrada.

Los vecinos de las zonas afectadas denuncian que no hubo un alerta meteorológico que advirtiera sobre la situación y los pronósticos solo anunciaban “algo de inestabilidad y probabilidad de precipitaciones dispersas” (La Voz, 17/2). Al mismo tiempo, el mismo medio indicaba que “La ciudad de Córdoba no cuenta con radares  que puedan dar datos más certeros ni estaciones meteorológicas ni de la provincia ni de la Nación” (La Voz, 17/2). Recién el día Martes, luego de las inundaciones, el gobierno lanzó el alerta por nuevas lluvias.


Desde la Tendencia Piquetera Revolucionaria denunciamos la falta de infraestructura que permita prever las condiciones climáticas y hacemos eco de la voz de los vecinos que denuncian que una gran parte de la responsabilidad de estas inundaciones es a partir de la apertura del dique La Quebrada. En este sentido, exigimos que el gobierno esclarezca el asunto sobre la apertura del dique. No confiamos en las meras declaraciones de un funcionario que busca encubrir su responsabilidad y exigimos una pericia para demostrar si hubo una orden por parte del gobierno de abrir el dique y desatar las inundaciones.

No es una catástrofe natural. Es la conclusión del desmonte, la sojización y la especulación inmobiliaria

Esto no es una tragedia natural, ni “un tsunami que cayó del cielo” como dice De la Sota. Estas inundaciones tienen responsables políticos. En 2010 Schiaretti y la UCR, sancionaron en la Legislatura la Ley de Bosques que permitió el desmonte indiscriminado del bosque nativo. Desmonte cuyas cifras asustan: entre 2006 y 2013 se arrancaron más de 83.000 hectáreas (fuente: Ecos Córdoba). Como denuncia la Coordinadora de las sierras chicas “Con menos del 5% de Bosque Nativo en la provincia de Córdoba, se desmonta una hectárea por hora, ostentando así el triste récord mundial en depredación de nuestros bienes comunes” (Coordinadora de las Sierras Chicas, 17/2). En este sentido, la Coordinadora denuncia también que “Lo natural es que cuando llueve el agua se infiltre y vuelva lentamente a la superficie (efecto de esponja). Pero las cuencas altas están siendo desmontadas, incendiadas y edificadas, desprotegiendo e impermeabilizando el suelo que pierde su capacidad de esponja. Ya no retiene el agua cuando llueve, y no la libera cuando falta. Y así hoy, ésta escurre imparable cuesta abajo.” (Ibídem)

Esto significa que la propiedad de la tierra para absorber el agua y evitar las inundaciones es destruida en beneficio de la sojización y la especulación inmobiliaria. El desmonte en las sierras tiene como principal objetivo la construcción de barrios privados (El Montecito, Ticupil) y de campos de golf (El Terrón). Estos grandes negociados de especulación inmobiliaria funcionan sobre la base de un pacto entre los municipios, el gobierno provincial y las grandes empresas, que no sólo desmontan para sus construcciones sino que además han empujado a los vecinos a construir sus casas en zonas menos urbanizadas y más propensas a inundarse producto del encarecimiento en el costo de las viviendas.

Por otro lado, la causa de las inundaciones no es únicamente el desmonte sino también a partir de la construcción de rutas que “se hicieron al costo de modificar el curso de los flacos ríos serranos, que cuando reciben una lluvia torrencial tienden a recuperar el cauce original.” (La Política Online, 18/02) Esto generó la destrucción de caminos y de 12 puentes.

El gobierno de De la Sota es responsable porque gobierna para las especuladoras inmobiliarias y para los sojeros, generando todas las condiciones para que se produzcan las inundaciones. El hecho de que esta haya sido la lluvia más fuerte en más de 20 años demuestra que durante los úlitmos 20 años existió la posibilidad de generar las condiciones y la infraestructura para evitar que se repita, pero en lugar de esto, se dedicaron a talar los bosques y modificar los ríos en función de sus intereses capitalistas.


Fuera Fabián López del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos

Por esto exigimos que se vaya Fabián López del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, área encargada de controlar los cauces de los ríos y evitar que se produzcan las inundaciones. Este ministerio es el mismo que a partir de la nueva Ley de Ambiente (Ley Monsanto) es responsable de elevar un nuevo estudio de impacto ambiental para instalar a Monsanto en Malvinas Argentinas. Por lo tanto decimos con claridad que Fabián López, a cargo del ministerio es un empleado de los Monsanto, las especuladoras inmobiliarias y los Sojeros y es responsable por las inundaciones.

Fabián López (ministro de Agua y Ambiente) junto a De la SotaFabián López (ministro de Agua y Ambiente) junto a De la Sota

La oposición se calla la boca porque también es responsable

Frente a las inundaciones la oposición a De la Sota no ha dicho ni una palabra. “La oposición radical-macrista-juecista le ha concedido una tregua a De la Sota. Desde el domingo pasado los principales dirigentes de la UCR, el PRO y el Frente Cívico se dedicaron a colaborar con el gobierno recolectando ayuda indispensable para los damnificados.” (La Política Online, 18/2).

Quieren encubrir su propia responsabilidad. La Ley de Bosques fue votada tanto por el delasotismo como por la UCR y por legisladores del Frente Cívico. En el mismo sentido, la UCR gobierna Mendiolaza hace más de 15 años y gobernó Río Ceballos de 2007 a 2011 a través del intendente Lemos. El FC ocupa la intendencia de Unquillo. Por su parte, el candidato a intendente de Villa Allende por el PRO, el golfista “Gato” Romero, fue denunciado por el diario El Argentino el 20/2: “ratificó que camiones de ayuda enviados por Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires no llegaron al local del Comité de Crisis sino a la casa del golfista Eduardo ‘Gato’ Romero”.

La oposición se calla la boca porque son cómplices de la política de desmonte y especulación inmobiliaria de las sierras.

Vamos por indemnización 100% a todos los vecinos y pequeños comerciantes damnificados

A partir de las inundaciones, De la Sota salió a anunciar $150 millones en subsidios para los damnificados, mientras el gobierno nacional anunció que aportará $53 millones más. Los subsidios entregados por el gobierno provincial serán para indemnizar por pérdidas de electrodomésticos y mobiliario pequeño. Sin embargo, según indica el diario Día a Día del 18/2, “los electrodomésticos serán entregados a quienes lo determine el Comité de Emergencia, integrado por miembros de los municipios, representantes de los ministerios de Desarrollo Social, Infraestructura y Fundación Banco de Córdoba, con la coordinación del secretario de Asuntos Municipales, y los ministros de Gestión y de Desarrollo Social”.

Desde la TPR denunciamos que no confiamos en el criterio del mismo gobierno que es responsable de la inundación para que decida a quién le dan el subsidio. Más aún cuando venimos de la experiencia de los vecinos damnificados de Alta Córdoba por la explosión de la fábrica Raponi, a quienes el gobierno no solucionó la mayoría de sus problemas y ha cortado cualquier tipo de subsidio o ayuda. Exigimos indemnización del 100% para TODOS los vecinos y pequeños comerciantes damnificados y el control de la entrega por los propios damnificados y las organizaciones populares.

Por otra parte, De la Sota anunció que “el personal de comercios, empresas y negocios afectados por el temporal recibirá “un aporte solidario de 2.500 pesos para todos los trabajadores hasta que esa empresa vuelva a tener actividad” (Día a Día, 18/2). Esto es una provocación: en primer lugar porque sólo se le entregará a los trabajadores en blanco, cuando Córdoba es una de las provincias con mayor tasa de trabajo en negro (supera el 38%) del país. En segundo lugar, porque el “aporte solidario” que se supone es para cubrir los salarios no percibidos de los trabajadores durante los arreglos, es aproximadamente la mitad del salario mínimo vital y móvil. De ninguna manera alcanza para sustentar la vida del trabajador. Desde la TPR, exigimos el pago 100% del salario de todos los trabajadores tanto en blanco como en negro.

Por último, “el Gobierno anunció que entregará ‘kits de viviendas’ a quienes sufrieron la pérdida total de sus hogares como consecuencia de la inundación. En algunos casos, está previsto que la Provincia pague el alquiler de una casa a estas personas, durante seis meses, mientras se construyen su nueva casa” (La Mañana, 18/2). Esto significa que los subsidios del gobierno no están contemplados para reconstruir las viviendas destrozadas. El pago del alquiler durante 6 meses es completamente insuficiente porque implica que igualmente los vecinos cuyas casas fueron destruidas tendrán que pagar ellos mismos por la reconstrucción. El gobierno debe hacerse cargo del 100% del costo de la reconstrucción de las viviendas a través de un plan de obras públicas en la zona y garantizar el pago del alquiler durante el tiempo que sea necesario hasta que las viviendas sean habitables.

El gobierno de De la Sota y el gobierno de Cristina deben hacerse cargo del 100% de las pérdidas tanto materiales como del daño emocional que han sufrido todos los vecinos y pequeños comerciantes afectados ya que ellos son responsables de estas inundaciones porque gobiernan para los sojeros y los especuladores inmobiliarios.

Desde la TPR llamamos a toda la población a sumarse a la lucha por el Fuera Fabián López, por la indemnización 100% para todos los vecinos y pequeños comerciantes afectados y a acercar sus donaciones para los damnificados a la mesa del Frente de Estudiantes en Lucha en la facultad de psicología de la UNC.

Tendencia Piquetera Revolucionaria

Fb: TPR Córdoba / 
Mail: tpr.cordoba@gmail.com / 
Twitter: @alejandrofurman / 
Whatsapp: (351) 152 914791

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