26 de JUNIO
10 hs
: TODOS AL PUENTE PUEYRREDÓN
A 14 AÑOS SEGUIMOS RECLAMANDO JUSTICIA
CON LAS BANDERAS DE DARIO Y MAXI
CONTRA EL AJUSTE Y LA REPRESION DE MACRI Y LOS GOBERNADORES
Encuentro Memoria Verdad y Justicia
A CATORCE AÑOS, SEGUIMOS RECLAMANDO JUSTICIA
CON LAS BANDERAS DE DARÍO Y MAXI, CONTRA EL AJUSTE Y LA REPRESION DE
MACRI Y LOS GOBERNADORES
¡DARIO Y MAXI VIVEN EN LA
LUCHA DEL PUEBLO!
CATORCE AÑOS DE IMPUNIDAD Y ENCUBRIMIENTO
EL ESTADO ES RESPONSABLE
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA MASACRE DE AVELLANEDA:
EDUARDO DUHALDE – ANÍBAL FERNÁNDEZ -FELIPE SOLÁ-JUAN JOSÉ ÁLVAREZ-ALFREDO
ATANASOFF-LUIS GENOUD-JORGE MATZKIN -OSCAR RODRÍGUEZ.
A 14 años de los asesinatos de Darío y Maxi, aquel 26 de junio del
2002, volvemos a este puente emblemático para reclamar justicia por los
compañeros caídos y a rechazar las políticas de hambre y represión del gobierno nacional de Mauricio
Macri y de los gobernadores provinciales.
Hace 14 años, el gobierno de Eduardo Duhalde intentó quebrar a sangre
y fuego al movimiento piquetero que enfrentaba el hambre y la
desocupación.
Confiado en el respaldo de los grupos económicos y de poder que
cargaron sobre las espaldas del pueblo la crisis capitalista de 2001, Duhalde
arremetió contra las organizaciones populares que salíamos a la calle
nuevamente por pan y trabajo. Su objetivo era el disciplinamiento social de los
trabajadores y el pueblo.
La Masacre de Avellaneda que
ordenó su gobierno, decidida por toda la cúpula del poder político de aquel
momento, fue ejecutada por un operativo conjunto de las policías Federal y
Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y los servicios de Inteligencia. No sólo
costó las vidas de Darío y Maxi: ese día hubo más de cuarenta compañeros
heridos con balas de plomo y centenares de detenidos en las comisarías
aledañas, en las cuales una gran cantidad de compañeros y compañeras fueron
torturadas y golpeadas.
Los grandes medios de comunicación comenzaron a difundir
inmediatamente la versión de un supuesto enfrentamiento entre piqueteros, pero
la movilización popular y al coraje de muchos trabajadores y trabajadoras de
prensa desbarataron el relato oficial.
A partir del día siguiente, miles ganamos las calles para reclamar
juicio y castigo a los responsables. Gracias a eso, las vidas de Darío
Santillán y Maxi Kosteki trascendieron, sus ejemplos se multiplicaron y hoy nos
encontramos como todos los años reivindicando su lucha.
Logramos las condenas ejemplares del comisario Alfredo Fanchiotti y
del cabo Alejandro Acosta por los homicidios de Darío y Maxi, pero lo cierto es
que los responsables políticos de aquella represión criminal siguen impunes.
Doce de los catorce años
que transcurrieron desde la masacre de Puente Pueyrredón transcurrieron bajo
los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que
llegaron al poder de la mano de Duhalde y acogieron a muchos de sus
funcionarios, como Aníbal Fernández, Carlos Soria y Juan José Álvarez, entre
otros.
Apenas asumió, Néstor
Kirchner ofreció crear una comisión investigadora, pero sólo bajo la condición
de que las organizaciones abandonáramos la lucha y renunciáramos a nuestra
independencia. Trató de avanzar con la cooptación y la mentira, pero los
familiares de Darío y Maxi y las organizaciones que hoy regresamos a este
Puente Pueyrredón, rechazamos sus maniobras, denunciamos la impunidad y el
encubrimiento de los gobiernos a lo largo de estos años y continuamos exigiendo
una investigación independiente y sin condiciones.
Querían que abandonáramos
las calles y nunca lo hicimos. Seguimos luchando y movilizados contra la represión
y el hambre ayer, hoy y siempre.
Catorce años transcurrieron desde la masacre de Puente Pueyrredón y
los responsables de las provocaciones contra el movimiento piquetero; los que
tomaron las decisiones e impartieron las ordenes aquel 26; los que dieron carta
blanca a las fuerzas represivas para matar a manifestantes desarmados; los que
escribieron el libreto para justificar la masacre; esos responsables continúan
impunes hasta el día de hoy.
La masacre de Avellaneda fue una decisión de Estado,
avalada por todos los centros políticos y mediáticos de la clase capitalista. Al día de hoy, logramos que se desarchivara la causa
judicial que debería investigar las responsabilidades políticas de la masacre y
que fueran citados a declarar funcionarios del Municipio de Avellaneda, luego
de años de tener la causa en un cajón en el juzgado de Ariel Lijo. Pasaron cuatro
fiscales pero jamás avanzó un centímetro. Muchas de las medidas de prueba que
presentamos –como cruces de llamadas telefónicas entre los involucrados y el
detalle de la cadena de mandos de las fuerzas represivas que intervinieron- no
fueron respondidas. Hoy seguimos
exigiendo celeridad y que la justicia avance en la causa e investigue a fondo
la represión y asesinato a nuestros compañeros.
Exigimos juicio y castigo.
A Eduardo Duhalde, el principal responsable de la represión.
A Aníbal Fernández, provocador todo terreno contra el movimiento
piquetero y los luchadores durante los gobiernos de Duhalde, Néstor y Cristina.
A Jorge Matzkin, ministro del Interior del gobierno de Duhalde.
A Juan José Álvarez, ex secretario de Seguridad Interior de la Nación,
refugiado en el partido de Sergio Massa.
A Alfredo Atanasof, otro devoto kirchnerista que fue jefe de gabinete
de Duhalde y vocero de las provocaciones de aquel gobierno durante los días
previos a la Masacre de Avellaneda
Al ex gobernador Felipe Solá y al ex ministro de Justicia de la
Nación, Jorge Vanossi que también integran el Frente Renovador de Sergio Massa.
A Luis Genoud, ministro de seguridad de la Provincia de Buenos
Aires, actualmente miembro de la Corte Suprema de
Justicia Bonaerense.
Carlos Soria, el ex jefe de la
SIDE , que jugó un papel clave en la represión asesina, murió
impune a manos de su esposa poco después de ganar la gobernación de la
provincia de Rio Negro por el Frente para la Victoria. Todos ellos siguen formando parte del establishment político como
funcionarios u operadores políticos y de esa manera han garantizado su
impunidad.
Hoy volvemos a este Puente para reclamar juicio y castigo a los
responsables de planificar y organizar desde el Estado los asesinatos de Darío
y Maxi y también para denunciar los atropellos contra los trabajadores ocupados
y desocupados, contra los jubilados, contra la juventud y las mujeres por parte
del gobierno de Macri. Denunciamos el brutal ajuste que el gobierno nacional y los
gobernadores descargan sobre el pueblo.
Rechazamos el tarifazo sobre los servicios y el transporte, los
despidos, la precarización laboral y la inflación que carcome los ingresos de
la familia trabajadora.
En seis meses, los ajustadores crearon un millón y medio de nuevos
pobres imponiendo un retroceso sin atenuantes del poder adquisitivo de los
salarios; a los más de 150 mil despidos en el Estado y en las empresas, se
suman cada día nuevas suspensiones y vacaciones forzadas. En los barrios,
recrudece el hambre.
La llamada “ley ómnibus”, lejos de compensar el retroceso de las
jubilaciones como pretende vender el gobierno, constituye un chantaje contra
los jubilados, porque se verán obligados a renunciar a sus demandas para
mejorar en algo sus míseros ingresos.
Además, como en un Caballo de Troya, esto va unido a un perdón
generalizado a favor de los grandes evasores y lavadores de dinero. Mientras el
pueblo sufre los rigores del ajuste, los José López y Lázaro Báez del macrismo
y del kirchnerismo y sus cómplices empresarios blanquearán su dinero mal
habido. Las trampas descubiertas en los Panamá Papers no son la excepción sino
la regla.
Frente a tanta impunidad, nos rebelamos ante la criminalización de la
protesta y el reforzamiento del aparato represivo del Estado.
Denunciamos el protocolo represivo de Mauricio Macri y Patricia
Bullrich, que tiene entre cejas la lucha del pueblo trabajador. En la Ciudad de
Buenos Aires, el traspaso de la Policía Federal y el fallo del Tribunal Supremo
de Justicia que avala las detenciones arbitrarias de la policía, forman parte
de una ofensiva contra las movilizaciones populares callejeras en el centro
político del país.
Denunciamos la vigencia de las llamadas leyes antiterroristas, la
colaboración con el FBI y la DEA y los preparativos para hacer intervenir al
Ejército en la represión interior - iniciados con el ascenso del genocida César
Milani durante el gobierno de Cristina Fernández-, que incluye la instalación
de bases militares imperialistas en territorio argentino. El decreto de Macri,
que amplía el autogobierno de las Fuerzas Armadas y sus promesas de mayor
presupuesto y equipamiento, son expresivas de esta nueva alianza política que
busca sellar el gobierno. La reciente absolución de los genocidas de Capilla del
Rosario, condenados por el fusilamiento sumario de militantes populares durante
el gobierno constitucional de Isabel Perón, es una señal de la justicia para
avalar la represión interna a manos de las Fuerzas Armadas.
Denunciamos la represión policial y judicial contra los
trabajadores y trabajadoras de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Mendoza,
Jujuy, Santiago del Estero, Salta; la represión contra los y las municipales en
La Plata y el desalojo de los cortes de ruta de los obreros de Cresta Roja y
Mascardi, que luchan contra los despidos y en defensa de sus salarios; a los
trabajadores de RB, que en San Isidro son reprimidos por defender sus fuentes
de trabajo, ante una patronal especulativa que los dejó en la calle y una
justicia que la avala. El fallo de la Corte Suprema contra el derecho a huelga
apunta a reforzar a la burocracia sindical criminal de los Gerardo Martínez y
los José Pedraza contra las organizaciones combativas de base; especialmente,
contra los trabajadores precarizados y tercerizados.
El reforzamiento represivo, incluida la militarización en los barrios
a lo largo y ancho del país, tiene su correlato en el sistemático incremento del
delito organizado, de las zonas liberadas, de las mafias del narcotráfico y de las
redes de trata. Las fuerzas represivas son el eslabón más importante de
una estructura criminal al interior del Estado que enlaza a funcionarios,
punteros, bancos, jueces y fiscales.
Desde este Puente histórico decimos:
Basta de represión y criminalización de la protesta.
Basta de gatillo fácil.
Desprocesamiento de los luchadores.
Libertad a los presos políticos.
Reivindicamos al
impresionante movimiento de mujeres que se expresó nuevamente en la
convocatoria #NiUnaMenos. El Estado es responsable por la impunidad y la violencia
que sufren nuestras compañeras. Exigimos una respuesta para frenar el asesinato
de mujeres en todo el país y exigimos derecho al aborto libre, seguro y
gratuito. ¡Basta de opresión y violencia contra la mujer!
Reivindicamos a Darío y
Maxi como expresión de la juventud que se organiza y lucha en los lugares de
trabajo, en los colegios y facultades, en los barrios y en las zonas rurales;
la que enfrenta a la burocracia sindical y la precarización laboral, como Mariano
Ferreyra.
Desde este puente,
saludamos a todas las luchas que enfrentan el ajuste a lo largo y ancho del
país.
Al pueblo de Tierra del
Fuego, que protagoniza una verdadera rebelión de más de 100 días contra el
gobierno del Frente para la Victoria que encabeza Rosana Bertone. La represión
y el desalojo del acampe frente a la Casa de Gobierno no ha logrado hacer
amainar esa gran lucha en defensa de las jubilaciones, el salario y los puestos
de trabajo.
Saludamos la lucha de los
docentes, obreros de la construcción y empleados municipales de Santa Cruz, que
enfrentan al gobierno de Alicia Kirchner y su ajuste. A los docentes de
Santiago del Estero, que salieron a luchar masivamente contra el gobierno de
Claudia Ledesma Abdala; nuestra solidaridad con los petroleros de Comodoro
Rivadavia que pararon los despidos y con los trabajadores estatales de Mendoza,
que sufrieron la represión del gobernador Alfredo Cornejo.
Hemos sido activos
partícipes e impulsores de la gran marcha educativa del 12 de mayo, que copó la
Plaza con los reclamos de docentes y estudiantes, en el marco de una enorme
huelga universitaria.
Peleamos codo a codo
junto a nuestros compañeros estatales de la Nación, las provincias y los
municipios contra los despidos en la administración pública.
El movimiento de
desocupados, los piqueteros como Darío y Maxi, estamos también nuevamente en
las calles para enfrentar el hambre, con movilizaciones masivas, acampes,
cortes y ocupaciones para reclamar el sostenimiento de los comedores populares,
trabajo genuino y un subsidio universal a los desocupados.
Reivindicamos, a través
de Darío y Maxi, a todos los mártires de las luchas obreras y populares.
A los 30 mil compañeros y
compañeras detenidos desaparecidos y a los asesinados por la represión durante
la democracia. A Anibal
Verón, Teresa Rodríguez, Víctor Choque y los muertos en el puente Corrientes. A
las víctimas de los crímenes de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, a Javier Barrionuevo
y a Carlos Fuentealba. A Rosemary Churapuña, Emilio Canaviri Álvarez y Bernardo
Salgueiro, asesinados en la represión del Indoamericano. A Roberto López y
Sixto Gómez y Mario López, de la comunidad Qom de Formosa. A Florentín Díaz,
asesinado en Castelli, Chaco. A Cristian Ferreyra y Miguel Galván, asesinados
por los sicarios del agronegocio en Santiago del Estero. A Mono, Jere, Patón y
César Oviedo en Rosario. Seguimos exigiendo justicia por Mariano Ferreyra,
asesinado por luchas contra la precarización laboral.
Alzamos nuestra voz por la desaparición de Julio López y por el
esclarecimiento de los crímenes de Luciano Arruga y Silvia Suppo. Por los más
de 4.400 casos de gatillo fácil desde 1983 hasta el presente.
No podemos dejar de mencionar, esta vez muy especialmente, al pueblo
de Oaxaca, donde la represión del Estado mexicano dejó un saldo de nueve
maestros asesinados. Desde aquí, todo nuestro apoyo a esa lucha y por el
castigo a los responsables de la brutal represión. Y exigimos la Aparición con
Vida de los 43 normalistas de Ayotzinapas y el juicio y castigo a los
responsables políticos y materiales de sus desapariciones.
Y solidarios con todas las luchas de nuestros pueblos hermanos
latinoamericanos, denunciamos el asesinato de Berta
Cáceres, lidereza del COPINH en honduras. Exigimos que se esclarezca este
crimen y que intervenga una comision de investigacion internacional
independiente al estado hondureño, complice de este asesinato y garante de las
concesiones a las empresas trasnacionales que en conjunto atropellan los
derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas.
Todos ellos están
representados también en el nombre de la estación "Darío Santillán y
Maximiliano Kosteki", que hemos convertido en una muestra permanente de
arte popular y de lucha, recuperándola para las clases desplazadas como un
espacio concreto y simbólico, con el nombre de estos dos luchadores populares.
Ellos formaron parte de una generación de
luchadores. La que enfrentó al menemismo y a la Alianza , la del 19 y 20 de
diciembre, la que combate todos los días el hambre, la miseria, la explotación
y la opresión. Darío y Maxi serán redimidos cuando los culpables paguen y
cuando logremos poner en pie la Argentina por la que
lucharon, sin explotadores ni explotados.
Volvemos al puente como cada 26 de Junio, a lo largo de estos 14 años
con el mismo reclamo de trabajo genuino; basta de precarización laboral;
universalización de programas de estudio y empleo para la juventud y los
desocupados.
Castigo a todos los
responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda.
Abajo el ajuste de Macri
y los gobernadores. Pan y trabajo para todos y todas. Salario mínimo
equivalente a la canasta familiar. Basta de despidos, tercerización y
precarización laboral. Pase a planta de los trabajadores de los planes de
empleo. Plenos derechos sociales y sindicales.
Desprocesamiento, cierre
de las causas y anulación de las condenas
a todos los luchadores y las luchadoras populares. Libertad a Milagro
Sala y todos los presos y pesas políticas.
Basta de criminalización
de la protesta social, abajo el protocolo anti piquetes, basta de represión.
Basta de violencia contra
la mujer. Ni una menos. El Estado es responsable.
Por tierra y vivienda
para todas y todos. Basta de expulsión de los pequeños campesinos. Basta de
envenenar a los pueblos rurales con agrotóxicos.
Fuera el imperialismo de
América Latina. Unidad de todos los luchadores y luchadoras contra la
explotación y la opresión.
DARÍO SANTILLÁN Y MAXIMILIANO KOSTEKI, ¡PRESENTES!
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