Lunes, 21 de abril de 2014
Declaraciones de Juan Marino, dirigente de la TPR:
"LEY ANTI-PIQUETES: SUPRIME EL ESTADO DE DERECHO Y MILITARIZA LA PROTESTA SOCIAL BAJO EL MANDO DE BERNI"
Acto contra la ley anti-piquetes y por la aprobación de la ley contra la criminalización de la protesta:
CONGRESO NACIONAL - 29/4 - 13HS
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Acto del Encuentro Memoria Verdad y Justicia |
Marino detalló que “el proyecto de ley divide las manifestaciones en legítimas e ilegítimas, lo que en sí mismo ya implica una restricción al derecho constitucional a la protesta porque habilita al Estado a decidir cuáles son las legítimas y cuáles las ilegítimas. Uno de los criterios para determinar la legitimidad de una manifestación es que los manifestantes no cometan delitos previstos por el Código Penal, lo que incluye el artículo 194 introducido por la dictadura de Onganía, que establece penas de prisión para los que interrumpan el tránsito o el funcionamiento de los servicios públicos. Por lo tanto, todo piquete, toda huelga en la salud, e incluso en el transporte y la educación si avanzan los intentos del gobierno de declararlos servicios esenciales, serían manifestaciones ilegítimas. A su vez, la ley establece que, para que sea legítima, la protesta debe ser notificada, con 48 horas de anticipación como mínimo, a las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales o municipales correspondientes, quienes a su vez giran automáticamente la notificación al Ministerio de Seguridad. Según el articulado, toda manifestación ilegítima puede ser reprimida por las fuerzas de seguridad, sin mediar autorización judicial alguna. E incluso las manifestaciones legítimas, si no concluyen siendo levantadas luego de la mediación del Ministerio de Seguridad, también pueden ser reprimidas. La ley abre el camino a que las fuerzas de seguridad utilicen armas de fuego durante los operativos represivos, porque si bien señala que los efectivos en contacto directo con los manifestantes no puedan portar armas letales, si lo podrán hacer aquellos que estén a una ‘distancia prudencial’. A Kunkel y Pedrini les preguntamos: ¿para qué van a estar apostados a una ‘distancia prudencial’ con armas letales si no van a usarlas?”.
¿ESTADO DE DERECHO O DERECHO DEL ESTADO?
El dirigente de la TPR explicó que “queremos remarcar que se trata de la supresión del Estado de Derecho porque se suprime el derecho constitucional a la manifestación pública. ¿Desde cuándo es necesario pedir autorización previa para ejercer un derecho? Desde la TPR, denunciamos que la reglamentación del derecho al protesta termina por negarlo porque lo subordina a la arbitrariedad estatal. Por otra parte, rechazamos el argumento del gobierno nacional, compartido por el PRO y el Frente Renovador, y que en su momento fuera el caballito de batalla de Menem contra los piqueteros, que argumentan que los derechos a la manifestación y a la libertad de circulación tengan igual jerarquía. Cuando protestamos, es porque defendemos el derecho al trabajo, a un salario digno, a la vivienda, a la salud, a la educación, todos derechos que están por encima del derecho a la circulación. Y al argumento compartido por todos los partidos patronales, quienes preguntan qué pasa con aquel trabajador por no haber llegado a tiempo producto de un piquete, les respondemos que el problema es la patronal que lo despidió y que, por eso, hay que sindicalizar todos los lugares de trabajo, conquistar delegados clasistas que verdaderamente defiendan a los trabajadores y tenemos que aprobar la ley de prohibición de despidos y suspensiones presentada por el Frente de Izquierda”.
BERNI, ÁRBITRO MILITAR SOBRE TODA LA SOCIEDAD
Marino remarcó también que “teniendo en cuenta que la ministra de Seguridad está pintada, la ley anti-piquetes le da a Berni un poder de árbitro militar sobre toda la sociedad. Es el ministerio de Seguridad el que va a dirigir todos y cada uno de los operativos represivos a las manifestaciones populares, sin mediar autorización judicial alguna. Berni va a poder dirigir todas las fuerzas represivas, sean nacionales, provinciales o municipales. Esto entronca con la militarización de Rosario, la ley antimotines y antipiquetes en Córdoba, la ley de emergencia en seguridad en Provincia de Buenos Aires y el proyecto de ley de pacificación de las villas en Capital Federal. Todas estas iniciativas son expresiones de una tendencia a la transformación del régimen político montado luego de la caída de la dictadura militar, para pasar al establecimiento de una democracia policial en Argentina. De hecho, hace pocos días trascendió por parte del diputado provincial Marcelo Saín (Nuevo Encuentro), que Américo Balbuena. policía infiltrado en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh, no era un caso aislado sino testigo: Balbuena formaba parte del denominado PCI - Personal Civil de Inteligencia - como otros 1000 agentes secretos de la Federal. Otro ejemplo de la PCI sería el propio Ciro James. Este división federal fue creada por el decreto-ley 9.021 en el año 1963 bajo la dictadura de José María Guido. Su nombre fue 'Orgánica del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina'. Desde la TPR preguntamos ¿esta es la democracia 'que supimos conseguir'? ¿Esta es la democracia que viola sus propias leyes de seguridad interna lo que nos proponen? Exigimos al gobierno nacional inmediatas explicaciones sobre estos hechos aberrantes y denunciamos su complicidad política con este aparato clandestino y anti-constitucional creado por una dictadura militar”.
UN PROYECTO DE LEY RECHAZADO POR TODAS LAS ORGANIZACIONES POPULARES, INCLUSO LAS KIRCHNERISTAS. ¡ABAJO LA LEY ANTI-PIQUETES!
Para finalizar, el dirigente de la TPR declaró que “no es de extrañar que uno de los autores del proyecto sea Pedrini, quien fuera ministro de Gobierno de Capitanich en la provincia de Chaco y uno de los principales defensores del establecimiento de una base militar yanqui en el Aeropuerto Internacional de Resistencia, que cínicamente la presentaba como una base de ayuda humanitaria. Con el mismo cinismo, Pedrini y Kunkel usan al CELS y a Gargarella como fuentes de autoridad en la fundamentación de la ley anti-piquetes, cuando tanto el CELS como Gargarella han manifestado su rechazo a esta iniciativa legislativa. La ley anti-piquetes ha abierto una crisis al interior de las filas del kirchnerismo, dado que a los rechazos se han sumado también el Partido Comunista y la agrupación Seamos Libres encabezada por Pablo Ferreyra. Llamamos a desarrollar una gran movilización popular para impedir que sea aprobada esta legislación represiva. En ese sentido, convocamos al acto impulsado por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia el 29 de abril para reclamar contra la ley antipiquetes y por la aprobación de la ley presentada legisladores del FIT y del GEN que propone el cierre de las causas abiertas contra todos los luchadores populares”.
Contacto:
Juan Marino - (011) 156 335 9278
Secretaría de Prensa de la TPR
TENDENCIA PIQUETERA REVOLUCIONARIA
sec.prensa.tpr@gmail.com // tpr-internet.blogspot.com
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