Tras la huelga más larga del período
democrático en Bolivia, salubristas y médicos conquistaron la suspensión del
decreto 1126
DERROTEMOS EL AJUSTE
“NACIONAL Y POPULAR” DE EVO MORALES
Vamos por un Congreso de Bases de la COB para que se rechacen las
resoluciones tomadas contra el TIPNIS y se lance un plan de lucha de conjunto
por el salario igual a la canasta familiar, por la derogación definitiva del
decreto 1126 y contra la Ley Financial
El mes de mayo
Bolivia estuvo conmocionada por movilizaciones de múltiples sectores
desencadenadas, fundamentalmente, por el intento de Evo Morales de descargar la
crisis sobre los trabajadores aplicando un ajuste que el MAS presenta como
“nacional y popular”. Son medidas que están determinadas por el cuadro de
crisis capitalista que también está viviendo Bolivia, en su caso particular,
aquejada por una fuerte inflación y déficit fiscales.
El decreto 1126: Evo Morales contra la
jornada laboral de 6 hs de salubristas y médicos
Ese es el carácter
del decreto 1126, que afectando a los trabajadores de salud (los salubristas
–no médicos- y médicos), busca eliminarles la jornada laboral de 6 hs y
aumentárselas a 8. Las 6 hs fueron concedidas a los
trabajadores de la salud por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro para hacer pasar
la privatización de la minería a través del Decreto Supremo 21060, en agosto de
1985. Es decir que las 6 hs de los trabajadores de la salud son fruto de un
intento del nacionalismo burgués del MNR por dividir al movimiento obrero para
entregar al imperialismo las últimas conquistas de la revolución boliviana de
1952.
Evo
atacó por este flanco, para oponer a los trabajadores de la salud al resto del
movimiento obrero, buscando que la COB (y el pueblo en general) no los defienda
por ser una supuesta capa aristocrática atrincherada en la defensa de las 6 hs
mientras el resto no posee ese derecho. Hoy, el nacionalista pequeño burgués de
Evo Morales, busca arrancarles las 6 hs con la excusa de que ‘hay que nivelar’…
para abajo. En realidad, lejos de cualquier pretensión igualitaria, su objetivo
fue que luego de fracasar con el ajuste ‘grueso’ (como el que ya intentó con el
gasolinazo y no pudo hacer pasar por la legítima resistencia de los
trabajadores) ahora trató de aplicar un ajuste con ‘sintonía fina’ tratando de
deslegitimar, estigmatizar, aislar y oponer a ciertas capas de
los trabajadores contra otros.
Tras
una histórica huelga de 52 días, la más larga del período democrático en
Bolivia, realizada conjuntamente entre el sindicato de salubristas (adherido a
la COB), el Colegio de Médicos (no adherido a la COB) y con los estudiantes de
medicina, las direcciones sindicales acordaron un texto que “compromete al Gobierno a dejar
sin efecto los despidos y las detenciones, además de suspender las persecuciones
legales que la Fiscalía General puso en marcha a mitad del conflicto. Al mismo
tiempo, mantiene los términos de ‘suspensión e inaplicabilidad’ utilizados en
el decreto que posterga la aplicación del decreto, que ha sido la principal
fuente de discusión y tensiones entre las autoridades y los dirigentes médicos”
(El País, 22/5). Evo, entretanto, mantiene bajo la manga la Cumbre Nacional de
Salud para el 26 y 27 de julio donde espera poder hacer pasar finalmente el
decreto.
La Ley Financial: el MAS legisla la
destrucción de la universidad pública boliviana
Y ese es también el
carácter de la Ley Financial, un profundo ataque a la autonomía universitaria y
que impone un tope salarial a la docencia con consecuencias nefastas para la
educación pública. Lo que establece es que las
universidades deben presentar al Ministerio de Economía su presupuesto aprobado
y dar informe periódico sobre su ejecución y que las que no lo hagan tendrán
como sanción un congelamiento de las cuentas.
El
artículo 8, directamente, establece que el aumento a las asignaciones
económicas a las universidades “se congela hacia adelante” (La Opinión, 6/5). Mientras
el artículo 11
plantea que todas las entidades estatales deben realizar una declaración jurada
para certificar que los ingresos percibidos de sus docentes no sean iguales o
superiores al del Presidente (15.000 bolivianos), sumando sus ingresos de la
Universidad y de cualquier otra entidad. Esto da lugar a la ‘fuga de cerebros’.
“¿Conviene a estas personas brindar sus servicios en la docencia universitaria
en el sistema estatal? Claro que no, y por ello, presentan su renuncia a la
Universidad pública y son contratados por otras universidades (privadas). En la
UMSS, hasta el momento, 45 docentes de la Facultad de Medicina que trabajan en
el hospital Viedma, habrían hecho efectiva su renuncia” (La Opinión, 19/5).
Como parte de este proceso, independientemente de la lucha contra el
decreto 1126, docentes y universitarios salieron también a la lucha contra la
Ley Financial, aunque no consiguieron su derogación.
La burocracia de
la COB boicotea su propio paro y aísla a los pueblos originarios en lucha
En este cuadro fue
que la COB lanzó un paro de 72 hs, que sería “el
preparativo de la huelga general indefinida” (Página 12, 10/5), según dijo Juan
Carlos Trujillo, el secretario ejecutivo de misma. “Según un estudio realizado
por la COB, un hogar de este país necesita un ingreso de 8039 bolivianos
mensuales para sostener a la familia” (ídem), o sea 1140 dólares, cuando en
Bolivia… el salario mínimo en Bolivia es de 140 dólares.
El paro de 72 hs había sido lanzado en oposición a la decisión de
Evo Morales de cerrar la paritaria nacional por
decreto, por un miserable aumento del ¡8%! Sin embargo, “José Luis Álvarez,
dirigente del magisterio urbano de La Paz, precisó que el paro no es acatado
por los mineros de Huanuni, distrito al que pertenece Trujillo. ‘Los mineros
tienen que respaldar el paro. Es importante que pare el sector productivo’,
agregó Álvarez. Por su parte, el secretario ejecutivo de la Federación Sindical
de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Miguel Pérez, dijo que habrá un
ampliado de emergencia los próximos días en Santa Cruz de la Sierra donde el
sector minero definirá un plan de acción para respaldar la protesta de la COB.
Sin embargo, evitó comentar sobre un paro de tres días en la mina Huanuni,
principal yacimiento de estaño del país” (ANF, 9/5).
Esto es un dato fundamental: la COB tiene
su columna vertebral en la FSTMB y la FSTMB tiene su núcleo en el Sindicato de
Mineros de Huanuni, que es la única mina estatal boliviana, y que como señala
Álvarez, es la mina donde trabaja el propio Trujillo. Y sin embargo, allí los
trabajadores no se sumaron al paro. La excusa de la burocracia es que el
mercado de minerales se encuentra en baja a raíz de la crisis griega y por ello
el precio del estaño bajó a 9.11 dólares la libra fina. Si llega a 8, la
empresa entra en déficit y entonces los mineros “tienen que defender la producción”
– o sea, que no hagan paros porque sino la empresa quiebra. Esto atemoriza a
los mineros, que perciben una prima anual cuando la venta reporta utilidades. Es
decir que el mecanismo de salida a la crisis capitalista que plantea la
burocracia minera (y de la COB) no es plantear la expropiación de la banca y
del resto de las minas en manos privadas, que la propia Huanuni sea dirigida
bajo control obrero, etc., sino… mayor explotación para los compañeros… y
reventar los paros.
En el mismo sentido,
la FSTMB, a través de su
secretario de Conflictos Edgar Mejía Quispe, pidió a la COB que no se apoye IX
marcha del TIPNIS. ¿Sus argumentos? “1) Piden modificar el artículo 349
olvidando que el Estado es dueño de todos los recursos naturales. 2) Plantean
control social olvidando que ya existe ese mecanismo en el sector minero. 3)
Quieren conformar empresas comunitarias. 4) Piden anular contratos mineros y
del sector de hidrocarburos”, dijo Mejía” (La Opinión, 22/5). Para redondear,
hizo uso del eterno latiguillo de la burocracia planteando que “sus planteamientos
[los del TIPNIS] atentan el aparato productivo de este país” (ídem), lo que en
realidad traduce una defensa de los negocios de la patronal, específicamente de
“los contratos mineros en Mallku Qhota (explotada
por una la transnacional Glencore) y del proyecto hidrometalúrgico de Corocoro
(capitales Coreanos)” (Boletín de la URUS-URDA, número 633, 8/6, aparecido en
Masas 2267). A instancias de
este pedido, el ejecutivo de la COB se reunió y decidió tomar en sus manos
el planteo de la FSTMB, rechazando “la plataforma de nueve puntos de la IX
Marcha Indígena promovida por la Confederación Indígena del Oriente Boliviano
(Cidob) por atentar contra el trabajo del sector minero” (Télam, 29/5).
Es decir que la
vanguardia obrera del pueblo boliviano, los mineros, son aislados por la
burocracia de la FSTMB y de la COB de la lucha contra el ajuste, produciendo así
un divorcio entre el pueblo y su histórica vanguardia en momentos críticos,
cuando la gran mayoría nacional (la pequeñoburguesía del campo y ahora también
de la ciudad) está atravesando un proceso de ruptura y separación del gobierno
del MAS. Y peor aún: Trujillo boicoteó su propio paro y su amenaza de una
huelga general indefinida quedó en la nada. La responsabilidad de esto le cabe
enteramente a él y a Miguel Pérez, de la FSTMB.
La COB tiene
que apoyar la marcha del TIPNIS. Demos una lucha política para forjar la unidad
entre obreros, campesinos y pueblos originarios para enfrentar el viraje
derechista del MAS
La lucha de los
pueblos originarios ha marcado un antes y un después en la lucha contra el MAS,
ya que fue la bisagra de la ruptura de sectores importantes de la base social
del MAS con el gobierno. Así lo mostró la ruptura de un importante sector de las
organizaciones de los pueblos originarios en contra de Evo. Los mineros, para
enfrentar la descarga de la crisis capitalista en Bolivia que está
desarrollando el gobierno de Evo, tienen que apoyarse en la lucha del TIPNIS y
darle una dirección obrera y socialista. En las movilizaciones de principios de
2011 cuando la clase obrera salía a luchar contra el gobierno del MAS. Hoy, que
se viene procesando esa ruptura, la posición de las burocracias de la FSTMB y
de la COB busca cerrar el campo a una lucha concurrente que pueda derrotar el
ajuste, cuando incluso sectores importantes como la Fejuve (Federación de
Juntas Vecinales) de La Paz apoyan a los marchistas (Los Tiempos, 13/06).
Este es uno de los problemas más trágicos de la situación política boliviana
actual. Los luchadores tenemos que dar una fuerte lucha política contra la
burocracia de la FSTMB y la COB para revertir esta situación.
Ningún “Instrumento
Político de los Trabajadores” (IPT) se puede construir a espaldas y contra la
lucha del pueblo boliviano
En este sentido,
la iniciativa de lanzar el IPT está mutilado por este movimiento reaccionario
de la burocracia de la COB. En la cumbre obrera de la COB (del 14 y 15 de mayo)
que se desarrolló mientras los mineros le quitaban el apoyo a la marcha del
TIPNIS, y no acataban el paro de la COB, se decidió además lanzar una comisión
para la formación del Instrumento Político de los Trabajadores. Es decir que el
IPT es alzado no como una variante para la estructuración de la clase obrera en
caudillo nacional en oposición al nacionalismo de contenido capitalista sino
como parte de un movimiento conservador para desacreditar el rol de vanguardia
de los mineros y aislar la lucha de la mayoría nacional. Distinta era la
situación cuando el año pasado se discutía la formación del IPT mientras la
dirección de la COB rompía con el gobierno de Evo y el MAS, y se volcaba de
lleno al apoyo a la lucha de los pueblos originarios, a la lucha contra el
gasolinazo. Se planteaba, por lo tanto,
una posibilidad de rumbo independiente para el IPT como expresión de la emancipación
de la clase obrera de la tutela nacionalista. Sin embargo, en estas condiciones,
el IPT hoy no puede ser más que la vía para que la burocracia de la COB se postule
políticamente como una variante de recambio electoral en defensa del orden capitalista.
El MAS salió a
atacar furibundamente la conformación del IPT (que sin embargo, no se concreta
y está ‘en comisión’). El periódico oficialista por excelencia explica que “la
fragmentación de los movimientos sociales es alentada por la derecha, según
algunos analistas y dirigentes políticos. La creación del Instrumento Político
de los Trabajadores (IPT), bajo la sombra de la Central Obrera Boliviana (COB),
se añadirá a esos intentos” (Cambio, 23/5). Por tanto, Trujillo rompió con Evo,
pero por la vía de la defensa del “aparato productivo”, se coloca junto a la
patronal y divide a los obreros de los campesinos conspirando claramente contra
la defensa de sus intereses.
Desde la
Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR) llamamos a todos los luchadores bolivianos
a desarrollar una pelea política frontal contra Trujillo para que en un
Congreso de Bases de la COB se revean las resoluciones tomadas contra el TIPNIS
y se lance un plan de lucha de conjunto por el salario igual a la canasta
familiar, por la derogación definitiva del decreto 1126 y contra la Ley
Financial. Conforme no se retome este camino de lucha, especular sobre cómo
reformar el Instrumento Político de los Trabajadores sólo demuestra la
dependencia política de la izquierda frente a la burocracia y la total ausencia
de una estrategia independiente para estructurar un partido obrero en Bolivia
que acaudille la lucha obrera y popular contra el gobierno del MAS.
Lucas Malaspina
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